POR: DRA. FANNY REAÑO BAYONA [*]
Cuando el país entero discutía la presunta agresión sexual grupal contra un adolescente en el Liceo Naval Almirante Guise, en Lima, muchos en Moquegua pensamos que esas historias ocurren “allá”, en la capital, lejos de nuestra realidad. Los datos oficiales dicen lo contrario. En una región pequeña de 199 286 habitantes, 31 729 personas de entre 6 y 17 años —el 15,9 % de nuestra población total— configuran una demografía que exige protección prioritaria. Las cifras corresponden al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD), y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Gobierno del Perú
Desde la salud pública, es indispensable distinguir entre niñez y adolescencia. Conforme al Código de los Niños y Adolescentes, Ley N.° 27337, se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años. TC Portal Web
La pregunta como sociedad no es si nos parecemos a Lima, sino por qué, siendo tan pocos, tenemos tanto que lamentar.
EL ESPEJO LIMEÑO: LO QUE EL CASO DEL LICEO NAVAL NOS OBLIGA A MIRAR
El caso limeño —diez adolescentes inicialmente retenidos, seis de ellos con internamiento preventivo y un colegio sometido a reorganización bajo conducción temporal del Ministerio de Educación hasta el 31 de diciembre de 2027— nos sirve de espejo. Si en una institución con recursos y supervisión ocurrió lo que se investiga dentro de un bus escolar, urge interrogar qué sucede en nuestros propios colegios, muchos con menores capacidades de respuesta institucional. Aunque el contexto limeño dista del nuestro, la vulnerabilidad institucional frente al abuso es un riesgo transversal que no distingue geografías. infobae
MOQUEGUA EN CIFRAS: PEQUEÑA EN POBLACIÓN, GRANDE EN LA ALARMA
Según el INEI, durante el segundo semestre de 2025 la tasa nacional de denuncias de violencia sexual contra mujeres menores de 18 años fue de 5,3 por cada 10 000 mujeres menores de edad. Moquegua registró una tasa de 8,2, igual que Junín y superior al promedio nacional. Las tasas más altas correspondieron a Madre de Dios (19,4), Pasco (13,8), Tacna (11,0) y San Martín (9,2). La información del segundo semestre de 2025 tiene carácter preliminar. INEI
Si bien este indicador mide denuncias registradas —y las diferencias territoriales también pueden estar condicionadas por el acceso a los mecanismos de denuncia—, el dato expone una realidad que merece atención.
“Una tasa alta en una población pequeña no es un dato menor: significa que, proporcionalmente, existe un entorno regional donde la violencia sexual deja huellas alarmantes”.
Esto desmonta la idea de que la violencia infantil es un “problema de ciudad grande”. En territorios pequeños, el tejido comunitario que debería proteger —familia, vecindario, escuela— se quiebra con facilidad y el silencio suele pesar más por la cercanía cotidiana.
A nivel nacional, el panorama tampoco da tregua: entre enero y agosto de 2026 se registraron 11 805 reportes de violencia escolar en el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe) del Ministerio de Educación. Dentro de los reportes de violencia sexual entre estudiantes, el incremento fue de 32,6 % respecto del promedio registrado en el mismo periodo de 2023, 2024 y 2025. El Peruano
ANÁLISIS CRÍTICO: DERECHO Y SALUD PÚBLICA FRENTE A UN MISMO FRACASO
Desde el derecho, el problema no es la falta de normas punitivas; es la carencia de prevención articulada. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Decreto Legislativo N.° 1348), de aplicación progresiva, y las disposiciones correspondientes del Código de los Niños y Adolescentes responden cuando el daño ya está consumado. Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y fiscalías especializadas operan de manera reactiva, sin engranajes preventivos suficientes en las escuelas.
Desde la salud pública, la violencia sexual infantil es una patología social con secuelas profundas: trastornos mentales, deserción escolar, embarazos forzados y ciclos de revictimización. No se resuelve solo con atestados policiales; exige vigilancia, soporte psicológico sostenido y una red multisectorial que hable el mismo idioma.
“No basta con sancionar después: si Moquegua realmente quiere proteger a su infancia, necesita un sistema operativo de alerta temprana, no solo expedientes fiscales acumulados”.
UNA LLAMADA A LA ACCIÓN LEGISLATIVA Y FISCALIZADORA
Detrás de cada estadística hay un rostro que calla en algún distrito de nuestra región. Las cifras no sangran, pero las infancias rotas sí.
Leyes e instrumentos normativos ya existen en el país; el verdadero fracaso radica en su implementación territorial. Por ello, la exigencia se dirige con claridad a los parlamentarios del Congreso bicameral 2026–2031 —tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados—: basta de producir normas que quedan en letra muerta. Se requiere una estricta labor de fiscalización política sobre los ministerios y los gobiernos regionales para garantizar que los presupuestos y protocolos de prevención y atención lleguen realmente a las escuelas y centros de salud de Moquegua. El Congreso bicameral para el periodo 2026–2031 quedó constituido con senadores y diputados desde julio de este año. Agencia Andina
¿Hasta cuándo seguiremos tolerando la inercia burocrática mientras la niñez desprotegida asume el costo de nuestra indolencia? Moquegua ya tiene las cifras que la interpelan. Lo que falta es voluntad operativa y política para transformar el papel en protección real.
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Dra. en Derecho y Ciencia Política (UNMSM), Dra. en Salud Pública, Mg. en Administración de Servicios de Salud, abogada y obstetra
