POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
Se publicó el Decreto Supremo n.° 127-2026-PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que “aprueba la Política General de Gobierno 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados” (El Peruano, 05/09/2026). Entre sus ejes y lineamientos se encuentran los siguientes:
Reducir la inseguridad ciudadana que vulnera la vida, la integridad y las actividades económicas de la población: reducir la afectación de las personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada; mejorar el acceso oportuno, articulado y confiable de la ciudadanía a la seguridad y la justicia; y reducir la capacidad operativa, logística y económica de las redes de crimen organizado.
Reducir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y al cambio climático: mejorar las condiciones de ocupación y uso seguro del territorio considerando peligros, vulnerabilidades y potencialidades; y reducir la exposición y vulnerabilidad de la población, infraestructura y actividades económicas frente a riesgos de desastres y eventos climáticos.
Fortalecer el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades a lo largo del curso de vida: fortalecer la atención en salud a lo largo del curso de vida, con énfasis en la gestación, la primera infancia y la población adulta mayor, priorizando el primer nivel de atención y la reducción de tiempos de espera; mejorar la calidad de los aprendizajes en todos los niveles, priorizando la educación básica; mejorar la transición de la educación al trabajo mediante el fortalecimiento de las capacidades laborales y productivas, alineadas con la demanda del mercado laboral, con énfasis en los jóvenes.
Asimismo, ampliar la protección social en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la población adulta mayor, primera infancia y personas con discapacidad; fortalecer la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la primera infancia; ampliar el acceso a servicios básicos de calidad, con énfasis en la provisión de agua segura; y reducir el trabajo infantil, garantizando la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.
Elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio: elevar los niveles de competitividad y productividad de las micro y pequeñas empresas, cooperativas u otras formas asociativas, fortaleciendo su articulación con el mercado, acceso al financiamiento, desarrollo de su madurez digital, así como sus capacidades técnicas, de gestión e innovación.
Incrementar el acceso a empleo decente, formal y productivo, especialmente para los jóvenes y la población en situación de vulnerabilidad, mediante esquemas de incentivos y otros estímulos económicos, así como la optimización de los servicios y programas de empleo, capacitación e inserción laboral, y el fortalecimiento del sistema de inspecciones.
Garantizar condiciones de seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera. Elevar la conectividad territorial del país, reduciendo las brechas de infraestructura de transportes, telecomunicaciones, servicios digitales y logística que afectan su plena integración, con énfasis en los territorios rurales. Incrementar el aprovechamiento y uso sostenible de las potencialidades y oportunidades productivas de los territorios y su biodiversidad asociada, con énfasis en la provisión de infraestructura hidráulica.
Consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y gestionar los conflictos: fortalecer la legitimidad, representación y rendición de cuentas; e incrementar la participación informada, el diálogo y la construcción de acuerdos entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la academia, para fortalecer la convivencia democrática.
La Política General será ampliada con políticas nacionales de los ministerios. Además, debe ser complementada con políticas de gestión gubernamental de gobiernos regionales y gobiernos locales; para ello se requiere la creación de espacios temporales e institucionales de concertación intergubernamental.
Aquí está el problema: no se ha diseñado la estructura y el mecanismo para la concertación intergubernamental de los tres niveles de gobierno, con participación de la sociedad civil y el sector privado, para lo cual urge una reforma audaz, a fin de transitar del Estado de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; al Estado de tres sectores: público, sociedad civil y sector privado.
Con la Política General de Gobierno se tiene el plano del puente, pero no se tiene el puente que permita concertar y transitar de la propuesta a la ejecución.
