POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
A todos, sí, a todos nos queda claro que Pedro Castillo está bien condenado y, por ende, cumpliendo la pena de once años, cinco meses y quince días de cárcel, en su caso, en Barbadillo. El 7 de diciembre de 2022 quebró el orden constitucional al dar un golpe de Estado que, felizmente, fue abortado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Además, apeló la sentencia, cuyo pronunciamiento se encuentra pendiente ante la Corte Suprema.
Asimismo, a través de sus allegados, ha presentado diversos pedidos de indulto. Todos llegaron a Palacio, aunque en el trayecto al Ministerio de Justicia se diluyeron y fueron declarados improcedentes.
Paralelamente, en la última campaña electoral, el excandidato Roberto Sánchez, quizá intentando congraciarse con sus simpatizantes, anunció reiteradamente que, de llegar al poder, lo liberaría de inmediato.
Recientemente, el mismo Sánchez se reunió con José María Balcázar hasta en dos oportunidades, acompañado por José y Yenifer, hermano e hija-cuñada de Pedro, respectivamente, cuya agenda fue, obviamente, el pariente tras los barrotes. Hasta aquí, jurídicamente NO cumple.
EL INFORME DE LA ONU
Pero, parafraseando a Franklin D. Roosevelt: “En política no hay casualidades y, si las hay, están muy bien preparadas”. Y sí, llegó la “coincidencia”. El pasado viernes se hizo público el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que recomienda la liberación de Castillo al considerar que fue detenido de manera arbitraria. Raudamente, diversos líderes políticos, así como medios de comunicación, se pronunciaron mayoritariamente señalando que no resulta vinculante.
Más aún, al día siguiente, la Cancillería expresó que “las opiniones […] constituyen pronunciamientos emitidos por un mecanismo de supervisión no jurisdiccional, cuyo propósito es promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos […] no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional”. Cierto: jurídicamente NO cumple.
EL GIRO DEL EJECUTIVO
Sin embargo, José María no piensa igual. Ese mismo viernes, RPP recogió sus declaraciones a Radio Nacional, afirmando sobre el citado informe que “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo como se puede dar el indulto”; es decir, hasta la semana pasada, la voz del Ejecutivo era: “Castillo quiere, pero no cumple”. Hoy, la respuesta probablemente sea sí.
MÉXICO Y EL COMERCIO BILATERAL
Por su parte, la presidenta electa no ha sido ajena a esta coyuntura. Haciendo alusión directa a Alejandro Toledo —sí, caso aparte—, indicó que la evaluación de esta figura será atendiendo a la dignidad humana. Además, manifestó su intención de normalizar las relaciones diplomáticas con México, obteniendo el visto bueno de Claudia Sheinbaum.
De esto último se desprenden dos asuntos de relevancia. Lo primero es que el Gobierno azteca, antes con López Obrador y luego con Claudia, insiste en que Pedro Castillo es un “preso político” y exige su libertad. Y, aunque Sheinbaum dijo “ok”, nada asegura que, en cualquier momento de este lustro por venir, tenga el mismo arrebato de entrometerse en asuntos propios del país.
Lo segundo es el comercio bilateral. La data del Mincetur arroja que, en 2022, exportamos US$ 842 millones e importamos US$ 1,900 millones; mientras que, en 2025, vendimos más de US$ 1,000 millones y les compramos US$ 1,600 millones. Sí, eso también cuenta. Y Keiko lo sabe.
De otro lado, está el escollo. Luis Jiménez no firmará esta resolución; ya lo anticipó. Y Balcázar lo necesita; o, mejor dicho, requiere la rúbrica del titular de Justicia. Así, es de prever que Jiménez no llegue al final de este gobierno con el fajín puesto.
LA PALABRA EMPEÑADA
Finalmente, la palabra empeñada. Ante la forzada salida de Jerí, el reemplazo por el actual mandatario no fue de gratis. Hubo condiciones, y una de ellas debió ser: “Tú ves cómo lo haces, pero Pedro sale”. Y debe honrar esa promesa.
Además, en el Parlamento entrante, sin mayoría para nadie, la izquierda —aupada por caviares, quienes buscarán sacar algún provecho— sabrá manejar los votos para que no sea acusado ni inhabilitado; amén de que su edad lo hará casi inimputable ante cualquier investigación legislativa o fiscal.
En ese sentido, no es de extrañar que, una vez otorgado el ansiado beneficio al ilustre hijo chotano, este sea trasladado a la Embajada de México, se confieran dos salvoconductos —obviamente, también para Betssy Chávez— y, en un auto blindado, vaya directamente al Jorge Chávez, con pasajes solo de ida a la tierra de Mario Moreno. Sí, políticamente siempre es posible.
