Dos (02) bicicletas estacionarias adquiridas por la Municipalidad Provincial de Ilo por S/ 43 400 (cuarenta y tres mil cuatrocientos soles) han quedado bajo la lupa de la Contraloría. Una investigación del Órgano de Control Institucional (OCI) descubrió vínculos entre proveedores, certificados técnicos cuestionados y deficiencias en la conformidad de los equipos destinados al Centro Recreacional del Niño y la Familia.
El Informe de Orientación de Oficio N.º 025-2026-OCI/0445-SOO, emitido el 13 de octubre de 2026, revela que la municipalidad contrató cada bicicleta por S/ 21 700 (veintiún mil setecientos soles), pese a que la partida presupuestal contemplaba inicialmente S/ 15 000 (quince mil soles) por unidad.
La diferencia total asciende a S/ 13 400 (trece mil cuatrocientos soles). Sin embargo, las observaciones más delicadas aparecen en la selección de proveedores y en la documentación que sustentó la adquisición.
MADRE E HIJA APARECEN EN LAS COTIZACIONES
La Oficina de Abastecimiento realizó dos indagaciones de mercado. En la primera participaron Carmen Adela Anahua Rojas, Pedro Sergio Machaca Flores y Bigersol E.I.R.L.
Carmen Adela Anahua Rojas obtuvo el mayor puntaje, con 91 puntos. No obstante, tras disponerse una nueva indagación, las tres propuestas iniciales quedaron excluidas del segundo cuadro comparativo.
En esta segunda evaluación resultó favorecida Yeyskint Érica Guzmán Anahua, quien presentó una oferta por S/ 43 400 (cuarenta y tres mil cuatrocientos soles).
La revisión efectuada por el OCI encontró que Carmen Adela Anahua Rojas sería madre de Yeyskint Érica Guzmán Anahua, según los registros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Además del parentesco, ambas compartían un número telefónico de contacto y existían coincidencias domiciliarias en la información presentada.
El informe también identificó que Carmen Adela Anahua Rojas figuraba como importadora de bicicletas del modelo VK-X03A, el mismo que posteriormente apareció consignado en la garantía comercial de los equipos adquiridos por la municipalidad.
PADRE E HIJO ENTRE LOS PRIMEROS POSTORES
Las relaciones familiares no terminaron allí. El OCI estableció que Pedro Sergio Machaca Flores, participante de la primera indagación, sería padre de Carlos Hernán Alfredo Machaca Blanco, titular-gerente de Bigersol E.I.R.L., empresa que también presentó una cotización.
La comisión encontró, asimismo, diferencias entre la firma de la propuesta de Pedro Sergio Machaca Flores y la registrada en Reniec. El informe describe estas inconsistencias documentales, sin determinar que exista falsificación o concertación entre los participantes.
DOS EMPRESAS Y TRABAJADORES VINCULADOS
En la segunda evaluación participaron Yeyskint Érica Guzmán Anahua, M&G Contratistas Generales E.I.R.L., Alfa Josmer Global Construction General S.A.C. y Fre & Mar Servicios Generales S.R.L.
El OCI descubrió que la propuesta de M&G fue remitida desde un correo electrónico registrado a nombre de Juan Carlos Félix Vidal, mientras que la cotización de Alfa Josmer utilizó un correo vinculado con Carlos Félix Mendoza.
Ambas personas aparecían en una constancia de trabajadores de Alfa Josmer: el primero como logístico y el segundo como encargado de prevención de seguridad.
Adicionalmente, la propuesta de M&G llegó desde una dirección electrónica que no figuraba entre las invitadas inicialmente.
Yeyskint Érica Guzmán Anahua y M&G obtuvieron 91 puntos cada una. Aunque el cuadro contemplaba un criterio de desempate para proveedores locales, el OCI observó que no se explicó cómo fue aplicado.
Finalmente, la buena pro fue otorgada a Guzmán Anahua, pese a que su cotización no identificaba marca ni modelo y tampoco adjuntaba la ficha técnica de las bicicletas.
CERTIFICADOS QUE NO ACREDITABAN LOS REQUISITOS
La revisión de los certificados de seguridad proporcionó nuevas evidencias. La proveedora presentó documentos atribuidos a TÜV SÜD y TÜV Rheinland para acreditar las características técnicas de las bicicletas Power Bike VK-X03A. Sin embargo, al contrastarlos con los registros de los organismos certificadores, el OCI encontró diferencias en números de revisión, modelos, fechas de emisión y características de los equipos.
Uno de los certificados presentados tenía el mismo número que otro documento utilizado por Pedro Sergio Machaca Flores en una contratación de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, pero correspondía a una máquina distinta.
En otro caso, el certificado de TÜV Rheinland presentado incluía el modelo VK-X03A, mientras que el registro consultado por los auditores no lo comprendía y señalaba que el certificado no era válido. Por ello, la comisión advirtió que los documentos no acreditaban adecuadamente las certificaciones técnicas exigidas.
IMPORTACIÓN CON VALORES MUY INFERIORES
Otro dato relevante aparece en la documentación aduanera. El OCI identificó una importación realizada por Carmen Adela Anahua Rojas en diciembre de 2024, correspondiente a dos bicicletas del modelo VK-X03A.
Según la Declaración Única de Aduanas N.º 481214, el valor de ambas unidades, incluidos los tributos aduaneros, equivalía a S/ 2 124,75 (dos mil ciento veinticuatro con 75/100 soles).
La municipalidad contrató dos bicicletas del mismo modelo por S/ 43 400 (cuarenta y tres mil cuatrocientos soles). No obstante, el informe precisa que no existe certeza de que sean físicamente los mismos bienes. La comparación tampoco incluye almacenaje, transporte interno, instalación, garantía ni utilidad comercial. Por tanto, no constituye una determinación de sobreprecio.
CONFORMIDAD SIN VERIFICACIÓN SUFICIENTE
La adquisición fue formalizada mediante Orden de Compra N.º 001329, del 8 de junio de 2026. Los equipos ingresaron el 15 de junio y recibieron conformidad cuatro días después. Sin embargo, el OCI no encontró documentación suficiente que acreditara la verificación de las especificaciones técnicas.
Durante una inspección realizada el 17 de septiembre, los auditores comprobaron que las bicicletas instaladas carecían de etiquetas o placas de identificación exigidas. La Oficina General de Administración ya había observado el expediente de pago en septiembre, solicitando aclaraciones sobre la marca, modelo y características de los bienes.
El informe concluye que estas deficiencias afectan la legalidad de la contratación y generan el riesgo de pagar S/ 43 400 (cuarenta y tres mil cuatrocientos soles) por equipos que no cumplirían lo requerido. El documento no establece que dicho pago se haya efectuado ni determina responsabilidades individuales. El informe fue notificado al alcalde de Ilo Humberto Tapia Garay.
