La Contraloría General de la República identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en diez funcionarios y exservidores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe del organismo electoral, Piero Corvetto, por una serie de irregularidades detectadas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.
Según el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, las fallas logísticas registradas en la distribución del material electoral y equipos informáticos afectaron el derecho al sufragio de 55 261 ciudadanos en Lima Metropolitana.
La Contraloría señaló que las demoras ocasionaron problemas en 3605 mesas de votación, mientras que 187 mesas no lograron instalarse durante la jornada electoral realizada el pasado 12 de abril.
RESPONSABILIDADES ALCANZAN A PIERO CORVETTO
De acuerdo con el informe, el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, tendría presunta responsabilidad penal y administrativa por no ejecutar acciones necesarias que garantizaran el cumplimiento del Plan Operativo Electoral.
El organismo de control sostiene que existió inacción frente a la distribución inoportuna del material electoral y los equipos informáticos, pese a que ya se conocían riesgos que podían afectar el normal desarrollo del proceso electoral.
Además de Corvetto, la Contraloría identificó presuntas responsabilidades penales en José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral, y Juan Antonio Phang Sánchez, exsubgerente de Producción Electoral.
Ambos funcionarios son señalados por elaborar términos de referencia sin determinar adecuadamente la cantidad real de vehículos necesarios para el transporte del material electoral, situación que habría favorecido presuntamente a la empresa Galaga.
FAVORECIMIENTO Y FALLAS EN EL SERVICIO
La Contraloría advirtió que la empresa adjudicada ejecutó el servicio utilizando 437 vehículos de terceros y solo una cantidad reducida de unidades propias, pese a que inicialmente se exigía una flota mínima para garantizar la operatividad logística del proceso electoral.
Asimismo, el informe señala que funcionarios de la ONPE aprobaron prestaciones adicionales por más de 650 mil soles sin sustento técnico ni legal suficiente, incluyendo incrementos de hasta 900 % en algunos costos relacionados con el repliegue de equipos informáticos.
Otros funcionarios y exservidores comprendidos en el informe son Lilia Flores Bancho, Juan Pestana Uribe, William García Velásquez, Edward Alarcón González, Roberto Montenegro Vega, Yuvitza Aguilar y Jesús Félix Atuncar.
ACCIONES RECOMENDADAS
La Contraloría recomendó iniciar procedimientos administrativos disciplinarios dentro de la ONPE y solicitó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que evalúe las acciones penales correspondientes.
Además, el informe fue remitido al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas; a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera; y al procurador especializado en delitos de corrupción, Mario Luna Ramos.
Tras conocerse el informe, la ONPE informó que la Gerencia General encargó a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitar el descargo correspondiente a los funcionarios y servidores involucrados.
En tanto, la defensa legal de Piero Corvetto evitó pronunciarse sobre el caso. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción también mantiene una investigación vinculada a estos hechos. [Fuente: Contraloría General de la República / El Comercio]
