Por: Arnulfo Benavente Díaz
El Congreso «fujimorista» en el Perú ha sido objeto de críticas por implementar reformas que no favorecen a los más vulnerables y pobres de la sociedad. Los reajustes impulsados por este congreso han sido cuestionados por su impacto en la equidad y la justicia social. Veamos lo que genera debate:
- Políticas económicas: el enfoque económico favorece a grandes empresas y grupos económicos en detrimento de los sectores más desfavorecidos de la población. Las políticas económicas orientadas a la reducción de impuestos a los sectores más ricos o a la flexibilización de regulaciones laborales genera desigualdad y afectar a los trabajadores de menores recursos.
- Recortes en programas sociales: las reformas impulsadas por el Congreso tienen un impacto negativo en programas sociales destinados a la población pobre, como recortes en presupuestos de educación, salud o asistencia social.
- El Congreso no enfoca suficiente en la equidad y en la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.
- El Congreso, con las reformas legislativas, establece la impunidad, la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002. Esta medida es de preocupación en organizaciones de derechos humanos.
- El año 2023 la presidenta Dina Boluarte prometió aumento de 100 soles a los jubilados, pero ni en su discurso del 28 de julio último expresó nada a los jubilados, tampoco para el sueldo mínimo.
En realidad, desde inicio de la política republicana en el Perú, no hay un cambio notable para el progreso y desarrollo de todos, sino sólo para algunos.
