La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 1 128 180.88 producto de cinco informes de control específico realizado por los Órganos de Control Institucional (OCI) durante el primer semestre del 2021.
Al respecto, se encontró presunta responsabilidad civil, penal y administrativa en 35 exfuncionarios y exservidores del Gobierno Regional de Moquegua, Gerencia Regional de Salud, Gerencia Regional de Educación, Municipalidad Provincial de Ilo y Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
La gerente regional de control Moquegua, Sandra Ore Fuentes Rivera, explicó que la Procuraduría Pública de la Contraloría será la responsable de llevar adelante las denuncias por presunta responsabilidad civil o penal, identificadas en los informes. Este cambio se produce porque la mayoría de los OCI’s de la región Moquegua, fueron absorbidos por la Entidad Fiscalizadora Superior desde inicios de este año.
INFORMES DE CONTROL POSTERIOR
En la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la Contraloría identificó un perjuicio económico superior a S/ 668 mil originados por gestiones ediles anteriores por el otorgamiento indebido de bonificaciones económicas (2014-2018 Gestión del alcalde Hugo Quispe Mamani) para el personal del régimen 276 y se encontró presunta responsabilidad civil y administrativa en 13 personas.
Por otro lado, en la Municipalidad Provincial de Ilo en los períodos municipales del 2016 al 2019 (Gestión Jaime Valencia Ampuero) se comprobaron pagos indebidos de bonos al personal nombrado, lo que ocasionó un perjuicio de S/ 205 mil y presunta responsabilidad civil y administrativa en nueve personas.
El OCI de la Gerencia Regional de Salud detectó el pago indebido de bonos económicos a 39 médicos y técnicos de salud durante el año 2019, lo que ocasionó un perjuicio de S/ 90 570,00 y presunta responsabilidad civil y administrativa en cuatro personas.
En la Gerencia Regional de Educación se detectó irregularidades en la compra de pantallas interactivas para colegios de secundaria (2017-2018), lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 102 019,82; así como presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro personas.
Finalmente se revelaron irregularidades en la contratación por emergencia en la instalación de aulas para escolares de inicial y primaria de la comunidad campesina de Amata (2016-2019), lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 61 200 y presunta responsabilidad penal y administrativa en cinco personas.
