El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona Postigo, planteó la aplicación de sanciones progresivas a partidos políticos y movimientos regionales que incumplan las multas impuestas por infringir la normatividad electoral de financiamiento en las campañas electorales.
Durante su presentación en la sesión virtual de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, refirió que en un primer momento el Registro de Organizaciones Políticas del JNE podría suspender por seis meses a una agrupación por incumplir, de manera reiterada, las sanciones impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Indicó que la cancelación se daría si las organizaciones políticas reinciden en infracciones graves a la normativa de financiamiento partidario en un período de dos años.
Ticona Postigo explicó que este planteamiento y otros referidos al financiamiento de organizaciones políticas se encuentran en el anteproyecto de Código Electoral del JNE, cuya versión actualizada fue entregada a los congresistas el 28 de febrero último, al momento de expedirles sus respectivas credenciales para ejercer el cargo.
Subrayó que con las propuestas del JNE se busca promover que las organizaciones políticas respeten la normatividad vigente, así como evitar la filtración de dinero ilícito en las campañas electorales, pero respetando los criterios de progresividad y razonabilidad.
Justamente, en atención a dichos criterios, el anteproyecto contempla también un listado ordenado de infracciones leves, graves y muy graves en materia de normas de financiamiento partidario, las cuales permiten actuar de manera gradual.
En otro pasaje de su intervención, la autoridad electoral consideró que la propuesta congresal para reducir el máximo de aportes individuales, así como la de reducir el monto por actividades proselitistas y de candidaturas distintas a la presidencial, son inviables por cuanto incentivan su fraccionamiento y atomización, circunstancias que dificultan la labor de fiscalización.
El titular del JNE también calificó de inviable la propuesta de eliminar el verbo prometer en la prohibición de entrega de dádivas, por cuanto, indicó, podría generar situaciones de impunidad frente a aquellos candidatos que en base a ofrecimientos pretendan interferir la voluntad popular expresada en el sufragio.
