POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Un 17 de diciembre de 1965, se dio la ley 15805 que “crea la Corte Superior de Justicia de Moquegua, con sede en la capital de ese departamento y con jurisdicción sobre las dos provincias que lo constituyen”, entonces Enrique Rivero Vélez, autor de la iniciativa, era presidente de la Cámara de Diputados y dos ilustres políticos acompañaron a Fernando Belaunde Terry con su refrendo a la norma, Daniel Becerra de la Flor y Valentín Paniagua Corazao, ambos de estirpe provinciana. Por supuesto, que despertó una natural algarabía, porque era devolverle a Moquegua su autonomía judicial, bajo una coyuntura política muy contrastada, aunque un espíritu descentralista se posesionó en el Congreso. Al César lo que es del César.
Llegar a esta decisión política, no fue labor sencilla, como bien lo anota el propio Enrique Rivero, cierta burguesía judicial no quería renunciar a su jurisdicción, con una vasta influencia ante la Corte Suprema, trababa todo intento de su creación: “la campaña de Tacna que veía sustantivamente disminuido su movimiento judicial y la de Arequipa, que pretendía un mayor número de tribunales para su Corte, se hizo eco del presidente de la Corte Suprema, que se opuso tenazmente”.
Sin embargo, lo avanzado no fue suficiente, y sobrevino la fase más crítica, su implementación, no obstante, la voluntad política, materias presupuestales, infraestructura, recursos humanos, logística, fueron dilatándola, hasta que, en octubre de 1968, vino el golpe de estado de Velasco Alvarado, el entusiasmo y la ley se encarpetarían buen tiempo. Letargo del que reaccionaríamos, con el retorno a la senda democrática, luego de la caída del régimen fujimorista, la renovada representación política, con importante arraigo provinciano, impulso un importante proceso de descentralización, con modificaciones expresas a nuestra Constitución, de allí el tránsito de los CTARs a los Gobiernos Regionales de hoy, y por supuesto que generó un necesario interés de cada región sobre sus prioridades, que desde esa perspectiva descentralista debieran atenderse, la nuestra colocó como prioridad la instalación de nuestra Corte Superior.
Llegamos a un 15 de abril de 2004, luego de 39 impacientes años, se instaló la Corte Superior de Justicia de Moquegua, en aplicación de un mandato legal se desliga de la hasta entonces “Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua”. No esta demás indicar que meses más adelante, el 14 de octubre, se instaló el Colegio de Abogados de Moquegua.
Revisando los anaqueles de nuestra historia reciente, nos encontramos con la Memoria del juez supremo Hugo Sivina Hurtado, quien, al dejar el cargo de presidente del Poder Judicial, señalaba: en cumplimiento de nuestra política de descentralización de la justicia y acogiendo las demandas de la población local, así como en directa concertación con las autoridades representativas, se crearon dos nuevos Distritos Judiciales, uno en Moquegua y otro en Pasco. No es preciso “se crearon”, porque ya la ley de 1965, antes citada, la instituye formal y expresamente; lo correcto es: implementación.
Con la tranquilidad de los años transcurridos, podemos compartir circunstancias que giraron en torno a esta última decisión. Mi persona, era alcalde Provincial, y doy testimonio de la disposición de las autoridades moqueguanas para hacer realidad este anhelo de justicia y equidad para Moquegua; y precisamente, una de las personas que ponía énfasis en su oposición a esta instalación, fue el juez Sivina Hurtado. Desde el parlamento brindaba toda su atención el congresista Ernesto Herrera, en una oportunidad nos facilitó una reunión con el mencionado juez Sivina, de una manera didáctica y sensible le explicamos las razones del porque reclamamos la instalación de la Corte Superior, me formuló observaciones económicas, de la baja demanda o carga procesal y puso énfasis en el local o infraestructura para su operatividad, a todo ello le dimos respuesta, lo que al parecer lo incómodo, porque la conversación de pronto cambio de tono, al expresar un duro adjetivo y obtener una contundente respuesta nuestra, la pasmosa tranquilidad de Ernesto Herrera, calmo los ánimos. Retirándome decepcionado, y de manera inesperada se me acerca a saludarme Luis Alberto Mena Núñez, me indica que es miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como representante de los Colegios de Abogados y que era del Cuzco, tengo perfectamente grabado aquel momento porque fue determinante; pues, él fue un actor clave para quebrantar la disposición del presidente del Poder Judicial.
En la Municipalidad Provincial, ya teníamos dispuestas dos propuestas de terreno, para construir la infraestructura de la Corte Superior, uno en San Antonio y otro por el lugar donde está actualmente ubicada, esta última recibió observaciones técnicas por un problema de suelos, lo que al parecer se viene corroborando cada vez que se viene la crecida del rio que está en su entorno inmediato, pero esta era una alternativa a mediano plazo y requeríamos respuestas inmediatas. De forma inesperada, se nos avisó de la visita del presidente del Poder Judicial, lo que ya significó un cambio de actitud y la manifiesta persuasión del consejero Mena Núñez; lo recibimos de la mejor manera, explicándole de las propuestas técnicas, no lo vimos convencido, pero su sola presencia ya era muestra de su interés.
Cristala Constantinides era la presidenta regional, quien siempre estuvo involucrada con esta instalación, dio una interesante alternativa, que la Corte Superior se instalé temporalmente en los antiguos ambientes regionales sin costo alguno, en el centro de la ciudad de Moquegua; a lo que se sumó la Municipalidad Provincial, que se encargaría de su acondicionamiento y manteniendo de esta casona moqueguana, realizados los Convenios respectivos, se dio pase a su habilitación inmediata. No había excusa alguna para seguir dilatando, postergando una legítima expectativa de los ciudadanos de Moquegua, una administración de justicia cercana a ella, daba inmediatez y oportunidad a sus demandas, posibilidades de estar cerca a los fueros judiciales sobre todo de quienes menos recursos tienen y entregando no solo autonomía sino dignidad a una región tan trascendente en la historia de nuestro país.
En aquella histórica jornada de instalación de la Corte Superior estuvo el presidente del Poder Judicial Hugo Sivina, con quien me encontraría años más adelante, él en la condición de presidente del JNE y yo en la condición de congresista electo, entregándome mi credencial respectiva. Oportunidad en que realizamos una sesión solemne tributando un sentido homenaje a quienes permitieron y alentaron que esta esperanza de justicia se pueda concretar. No estuvo Enrique Rivero Vélez, quien nos envió unas sentidas líneas a través de su amigo Guido Badoíno Acerbo: “Moquegua es un departamento que por su historia y su economía tiene valores insustituibles. Su futuro supera en posibilidades de desarrollo, al de la mayor parte de departamentos del Perú. Corresponde a sus instituciones tutelares, a sus intelectuales y sobre todo a su juventud, saber aprovechar esas posibilidades, protegiendo lo que es legalmente suyo y dándole con la capacidad de sus dirigentes y sus técnicos, el valor que genere su riqueza y bienestar”.