POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El 14 de noviembre del año 2000 vimos pasmados por la televisión el denominado primer “Vladivideo”, apreciándose al disgregable asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos Torres, dando fajos de billetes por US$ 15 mil al tránsfuga parlamentario Alberto Kouri. Pocos días después, el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, dispuso el cierre de este organismo de inteligencia al ir descubriéndose que sirvió para espiar, chantajear, extorsionar y “comprar lealtades” a políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación, etc., a favor del régimen.
Para ello, el “Doc”, apelativo para referirse a Montesinos Torres, utilizaba antojadiza e ilegalmente dinero de “partidas secretas” para realizar estos indebidos actos. Defenestrado del poder el Ingeniero Fujimori, la promesa de los líderes políticos fue de no volver a cometer estas tropelías (o permitir que suceda); es decir, prácticas soterradas ¡Nunca más!
No pasó mucho tiempo, y fue junio de 2001 durante el gobierno de don Valentín Paniagua que se creó el Consejo Nacional de Inteligencia. Luego de un lustro, Alejandro Toledo le cambió de nombre por la actual Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Cesar Almeyda, consejero del “Sano y Sagrado” fue designado como jefe, sin experiencia previa en el cargo. Tiempo después fue sentenciado por presuntas negociaciones ilícitas que mantuvo con el fallecido General EP (r) Óscar Villanueva. Nuevamente, los líderes de oposición juraron ¡Nunca más! volver a estas deleznables prácticas. Sin embargo, en el gobierno de Ollanta Humala fueron designados como Titulares, primero, Víctor Gómez Rodríguez, y luego Javier Briceño Carpio. Ambos personajes contaron con el único mérito de haber sido compañeros de promoción (Ejército del Perú) del entonces presidente; es decir, -como en el caso anterior- nula experiencia previa para la función a desempeñar.
Ahora bien, resulta que el mayor cuestionamiento se ha dado -como ya es la pésima costumbre- durante este precario gobierno. El 3 de septiembre del año pasado asumió la Jefatura de la DNI José Luis Fernández Latorre. ¿Su valía? ser chotano de nacimiento y haber sido Comisario de Tacabamba; vale decir, estrecha cercanía con Pedro Castillo Terrones. Una vez más primó el amiguismo del “prosor”.
Es en este escenario que el dominical Panorama dio cuenta que un colaborador eficaz declaró ante el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público que Vladimir Cerrón Rojas, con el código de “Montaña”, recibe mensualmente S/ 40 mil por parte de la DINI como supuesto “agente encubierto” del Ministerio del Interior.
Casi de inmediato, el ex gobernador regional de Junín sentenciado por corrupción utilizó las redes sociales para desmentir dicha noticia, atropellando -tal cual su insana usanza- a los medios de comunicación (en realidad usó el término “putrefacta prensa”); mientras que, en paralelo, la aludida entidad, a través de Gustavo Bobbio, jefe del Gabinete de Asesores, negó la versión de tales pagos.
A todo esto, ¿Qué es y de qué se encarga la DINI? De acuerdo a su norma de creación, o mejor dicho de fortalecimiento (Decreto Legislativo N° 1141): “Provee inteligencia estratégica al presidente de la República y al Consejo de Ministros para la formulación y ejecución de las acciones y políticas, con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos humanos; defender la soberanía nacional; promover el bienestar general y el desarrollo integral de la Nación; y proteger a la población de las amenazas internas y externas contra su seguridad”. Agregar que -según información del MEF- el año 2021 tuvo asignado un presupuesto de S/ 64 millones, y para este año se incrementó a S/ 70 millones.
En suma, teniendo más dinero para ejecutar (gastar), resulta que desde el mes de febrero del año en curso viene prorrogándose indefinidamente el Estado de Emergencia en la capital y el Callao (el último, Decreto Supremo Nº 131-2022-PCM, lo ha extendido más por 45 días). Dicho de otro modo, durante más de nueve meses vivimos a diario con nuestros derechos fundamentales a la libertad restringidos y el Poder Ejecutivo no fundamenta las razones por las cuales amplía sucesivamente la emergencia en nuestra ciudad.
Coincidimos por ello con el experto en Seguridad e Inteligencia, Andrés Gómez de La Torre, cuando refiere “Lamento decir que la Dirección Nacional de Inteligencia está prácticamente en un estado terminal. Es preocupante y lamentable, porque tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional, se pensaba que de una u otra manera estos procesos de reforma, de reconstrucción, de reinstitucionalización de inteligencia iban a rendir sus frutos; pero vemos que lamentablemente a pesar de que el órgano rector de inteligencia, en su momento SNI y luego la DINI, que tenían problemas estructurales, este gobierno los ha agravado con un proceso de mayor politización”.
Por lo tanto, no hay argumento válido que explique -y menos que justifique- el despilfarro del erario nacional en este veleidoso gobierno, y específicamente en el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, continuando con estas terribles manías de seguir pagando favores políticos, tal como es el caso de “VlaDINIr Montaña”.
Nuevamente, surge una válida interrogante ¿hasta cuándo aguantaremos este vilipendio por parte de Castillo Terrones al concepto del uso adecuado de la “cosa pública”?
