POR: JULIO FAILOC RIVAS
La vacancia presidencial nunca estuvo tan fácil para el Congreso. Por menos fue vacando el ex presidente Vizcarra. Lo paradójico es que la oposición necesita a Pedro Castillo para sobrevivir (burda y económicamente hablando). Cada día queda más claro que, para la mayoría de congresistas la vacancia de Castillo –al encontrarse en vilo Dina Boluarte—cuesta 50 meses de remuneraciones completas, incluidas vacaciones, aguinaldos, entre otras gollerías. Sin embargo, hay más cosas no muy santas que hacen difícil la vacancia presidencial que pasamos a detallar.
En primer lugar, no hay acuerdo quien destituyen primero: ¿a Pedro Castillo o Dina Boluarte? De hecho, es más fácil destituir a Dina Boluarte, porque Cerrón y Perú Libre se la tienen jurada, además, saben que no tendrían espacio en un hipotético gobierno de Boluarte. Perú Libre estaría apostando por la destitución de Boluarte porque incrementaría su capacidad de presión por partida doble, por un lado, con Pedro Castillo en una lógica de exigir un mayor espacio de poder y, por otro lado, con el Congreso, porque la vacancia presidencial implicaría necesariamente nuevas elecciones generales, que es justamente lo que no quieren.
En segundo lugar, el Congreso y la clase política necesitan tiempo para cambiar las reglas de juego de la reelección de los congresistas y avanzar en el copamiento del poder, sobre todo de los organismos electorales a los cuales les han puesto la mira desde hace rato. Ya tienen un TC a su medida, están en camino de capturar a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Nación, y petardean el JNE y la ONPE para tirárselos abajo, para luego ponerlos a su servicio.
En tercer lugar, el secuestro de los organismos electorales es clave para la mayoría de la clase política si quieren mantener su cuota de poder lo más posible. Contar con los organismos electorales es preparar el camino en el caso de que haya nuevas elecciones generales. En un contexto, donde prima la fragmentación partidaria y la desconfianza de la población, dónde el voto nulo y blanco es elevado, controlar el JNE y la ONPE es crucial, dado que es más fácil torcer la voluntad popular a favor de una reelección de congresistas.
Las últimas elecciones presidenciales y congresales (2021), y las elecciones regionales y municipales del 2016, son una muestra de lo que estamos hablando. En las elecciones presidenciales del 2021, en primera vuelta, el 30% de los electores votaron blanco y nulo y el 19% no fue a sufragar. Es decir, casi el 50% se desentendió del proceso electoral; en el caso del Congreso, solo un tercio de la población eligió a los actuales congresistas.
Algo peor sucedió en las elecciones regionales y municipales del 2016, donde los alcaldes de Arequipa y Tacna, por mencionar un par de casos, fueron elegidos con el 11% y 13% respectivamente.
De la misma manera en estos departamentos, los dos candidatos a gobernadores que pasaron a la segunda vuelta sumaron apenas un poco más del 28%, y para la segunda vuelta los votos nulos y blancos superaron largamente los votos de los que ganaron las elecciones regionales.
Controlar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE en estas circunstancias facilita que la clase política pueda distorsionar la voluntad popular a favor de mantener sus cuotas de poder de manera que esta no es la prioridad del congreso ni de la clase política.
No es la vacancia del presidente Castillo lo que está en juego, sino los intereses que hay detrás de la clase política y el tiempo que necesitan para mantener y ampliar sus cuotas de poder, y porque no decirlo, blindarse una vez que vuelvan a ser mortales y corrientes.
La vacancia puede esperar hasta nuevo aviso, aunque las tres versiones del fujimorismo lo anuncien y hagan sus movilizaciones sabatinas a las que nos tienen acostumbrados, como para pasar piola y ganarse alguito.