La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y a la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Vizcarra Cornejo y Revilla Vergara fueron denunciados por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo.
En el resumen de hechos se expone detalladamente la conducta de los denunciados en relación con el presunto nombramiento irregular de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado sin contar con la experiencia necesaria y sin el informe a favor de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Indican que en el currículum de Soria Luján se menciona su experiencia laboral en la Adjuntía Constitucional de la Defensoría del Pueblo, lo cual no constituye un respaldo suficiente de su experiencia en la defensa de los intereses del Estado.
Las irregularidades señaladas en el informe de calificación se respaldan en hallazgos documentados tanto por la Contraloría General de la República como por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Según el informe de calificación, se señala que Martín Vizcarra mostró un interés directo en la designación de Daniel Soria, emitiendo personalmente la resolución que lo nombra procurador general del Estado. La exministra Ana Teresa Revilla también habría evidenciado un interés similar.
“El informe cumple con los requisitos para que se declare procedente el extremo de la denuncia constitucional y admitir trámite”, precisa el informe de calificación.
Como se recuerda, Soria Lujan fue designado como procurador general del Estado el 1 de febrero de 2020 y suspendido en el cargo el 24 de noviembre de 2023, a través de una medida cautelar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en tanto dure un proceso disciplinario iniciado en su contra.
