POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – UDI)
Lo que comenzó con denuncias y cuestionamientos formulados por trabajadores sobre un presunto uso político de la estructura de la Sub Región Ilo ha ingresado ahora al terreno de la investigación fiscal.
La alerta que dio origen a esta investigación fue advertida por el consejero regional de Moquegua Angelo Quilco, presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, quien, en el ejercicio de su labor fiscalizadora, tomó conocimiento de hechos que podían revelar una presunta utilización de trabajadores y recursos de la Sub Región Ilo en actividades vinculadas a la campaña electoral de Perú Primero. Ante la relevancia de la información, Quilco comunicó los hechos a la Unidad de Investigación (UDI) de Diario Prensa Regional.
A partir de esa comunicación, la UDI accedió y contrastó conversaciones, audios, imágenes, videos y registros de actividad de un grupo de WhatsApp, además de otros elementos relacionados con el caso que revelarían presuntas coordinaciones con trabajadoras de la entidad pública para participar en actividades de apoyo político a Milar Godofredo Zenteno Mejía, candidato al Gobierno Regional de Perú Primero, organización a la que pertenece la actual gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala.
Parte de este material fue puesto en conocimiento del Ministerio Público durante la mañana del miércoles 9 de setiembre de 2026. Horas después, representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se constituyeron en las instalaciones de la Sub Región Ilo para realizar diligencias relacionadas con los hechos denunciados.
Los elementos recopilados también apuntarían al presunto empleo de computadoras, impresoras y otros bienes de propiedad estatal para elaborar material relacionado con actividades de carácter político. Estos hechos deberán ser sometidos a verificación técnica y documental por las autoridades competentes.
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INTERVINO LA SEDE DE ILO
Luego de recibir información relacionada con hechos que podrían tener relevancia penal, el Ministerio Público dispuso actuaciones en la sede de la Sub Región Ilo.
La diligencia se desarrolló específicamente en ambientes vinculados a la Unidad Formuladora u oficina de formulación de proyectos, donde, según la información recopilada, se habrían utilizado equipos informáticos y una impresora institucional para diseñar e imprimir tickets correspondientes a una pollada programada para el 12 de setiembre, actividad que estaría vinculada a acciones de apoyo político.
La intervención estuvo a cargo del fiscal Jorge Ricardo Romero Wiracocha, integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.
La actuación fiscal resulta particularmente relevante porque permitirá determinar, mediante las diligencias correspondientes, si los equipos señalados fueron efectivamente utilizados para fines ajenos a la función pública, quiénes tuvieron acceso a ellos, qué archivos pudieron haberse elaborado o impreso y bajo qué circunstancias se realizaron dichas acciones.
Asimismo, corresponderá al Ministerio Público establecer responsabilidades individuales en caso encuentre elementos que acrediten un eventual uso indebido de bienes o recursos estatales.
DEL “GRUPO DE TRABAJO” A LA CAMPAÑA ELECTORAL
Uno de los principales elementos de la investigación periodística es un grupo de WhatsApp denominado “Grupo de Trabajo 2026 Sub Región Ilo”, que habría comenzado a operar desde junio de este año.
Según los registros obtenidos por la UDI, en este espacio virtual participaban trabajadoras vinculadas a la Sub Región Ilo y aparecen coordinaciones relacionadas con actividades de respaldo a candidatos de Perú Primero.
La creación y administración del grupo estaría vinculada a la abogada Lizbeth Leandra Nina Humire, funcionaria que ha ejercido responsabilidades dentro de la estructura administrativa de la Sub Región Ilo.
Entre los políticos mencionados en las coordinaciones figuran Milar Godofredo Zenteno Mejía, candidato a gobernador regional de Moquegua por Perú Primero, y Grethel Olivia Callo Paye, candidata a vicegobernadora regional por la misma organización.
El material al que tuvo acceso este diario contiene mensajes, audios, fotografías, capturas y registros cuyas fechas y horas pueden ser contrastadas objetivamente con los horarios de trabajo de las personas involucradas.
Ese elemento será fundamental para determinar si las actividades políticas se desarrollaron durante la jornada laboral y, de ser así, establecer quién las promovió, coordinó o dispuso.
“APOYO” POLÍTICO A PERÚ PRIMERO DURANTE HORARIO LABORAL
Las conversaciones revisadas revelarían una dinámica que deberá ser esclarecida por las autoridades. Según estos registros, integrantes del grupo habrían sido convocadas o coordinadas para seguir entrevistas y transmisiones de los candidatos de Perú Primero difundidas por diferentes medios de comunicación y redes sociales.
Las participantes habrían ingresado desde sus teléfonos celulares para realizar comentarios, reacciones e interacciones destinadas a respaldar las apariciones públicas de los candidatos. Parte de estas coordinaciones aparece registrada durante horarios que coincidirían con la jornada laboral.
En determinados casos, el material recopilado también haría referencia a coordinaciones para participar presencialmente en actividades vinculadas a los candidatos.
La relevancia de estos registros radica precisamente en que no se trata únicamente de declaraciones testimoniales. Las conversaciones digitales conservan datos de fecha, hora, remitente y contenido, elementos susceptibles de contrastación mediante una investigación fiscal y, de ser necesario, peritajes especializados.
Será necesario comparar estos registros con los controles de asistencia, contratos, órdenes de servicio, régimen laboral y horarios de cada persona involucrada.
Si una trabajadora debía encontrarse desempeñando funciones para una entidad estatal mientras simultáneamente participaba, por coordinación de terceros, en acciones de carácter proselitista, corresponderá determinar quién promovió esa participación, bajo qué circunstancias y utilizando qué recursos.
¿APOYO VOLUNTARIO O PRESUNTA PRESIÓN LABORAL?
Cabe señalar que adicional a este hecho, existen denuncias anteriores formuladas por trabajadores que cuestionaron públicamente un supuesto uso político de la estructura administrativa de la Sub Región Ilo.
Algunos denunciantes sostienen que posteriormente dejaron de prestar servicios en la institución o experimentaron cambios en su situación laboral.
Sin embargo, cada uno de estos casos deberá ser verificado individualmente mediante contratos, órdenes de servicio, resoluciones, memorandos, controles de asistencia, comunicaciones internas y demás documentación administrativa.
La existencia de un grupo de WhatsApp donde se coordinaban actividades políticas tampoco permite, por sí sola, concluir que todas las personas que participaron hayan actuado bajo presión.
Por ello, una de las preguntas centrales que deberá esclarecer la investigación es: ¿Las trabajadoras participaban voluntariamente en estas actividades o existieron presiones, condicionamientos o instrucciones relacionadas con su permanencia laboral?
Determinar esa circunstancia será fundamental. Si existieron órdenes, advertencias, condicionamientos, amenazas o cualquier mecanismo destinado a vincular la continuidad laboral de una persona con su participación en actividades políticas, corresponderá al Ministerio Público establecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.
