Ante la inacción del Estado y tras la voladura de la torre 55 en la localidad de Zancobamba en la Libertad, la cual dejó sin energía a las operaciones de las unidades mineras Marañón y Santa María de la empresa La Poderosa, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresa nuevamente su rechazo a las acciones de criminalidad y extrema violencia que continúan perpetrando las organizaciones vinculadas a la minería ilegal.

Los representantes de la SNMPE consideran estos hechos como atentados en contra del país que afectan la vida y la salud de las personas, además destrozan la infraestructura, promueven la invasión de terrenos y la propiedad privada, en suma, actos criminales en escalada a manos de los mineros ilegales que buscan desestabilizar la economía formal del país

El gremio viene demandando la urgente acción del Estado para frenar el avance descontrolado de la minería ilegal, así como implementar mecanismos rigurosos para el control en la adquisición, venta, transporte y uso de explosivos e insumos químicos. Además, es necesario el fortalecimiento de la fiscalización a las plantas de beneficio, identificando a aquellas que reciben y tratan minerales ilegalmente extraídos. Para ello, demandamos el involucramiento directo de entidades fiscalizadoras como el MINEM, OEFA, OSINERGMIN, SUNAFIL, SUNAT, Ministerio Público, Policía Nacional, entre otras.

“Las empresas mineras formales siguen rigurosos procedimientos para operar, entre ellos, los necesarios para adquirir explosivos, dado que se trata de material peligroso, en cambio, las bandas criminales que trabajan con la minería ilegal, ahora con total impunidad, tienen en su poder explosivos que comercializan a personas y/o grupos para imponer el terror”, expresaron.

El gremio minero energético manifestó que es importante que las plantas que procesan minerales cuenten con protocolos de trazabilidad confiable que los obligue a acreditar el origen lícito del oro que producen. “Deberíamos convertirnos en un país pionero en la compra y venta de oro responsable, que no alimente esta cadena perversa y que evite pérdidas al Estado y a las regiones, así como el deterioro ambiental y de seguridad y salud”, indicó el representante de la SNMPE.

Finalmente, la SNMPE reiteró la invocación a las autoridades del Ejecutivo a liderar un trabajo conjunto con el sector público y privado, la sociedad civil, la academia, la iglesia y otros actores, para luchar contra este flagelo de la sociedad, y hacer valer el principio de autoridad por sobre las acciones de terror.