En reunión llevada en Cocachacra este jueves, el Dr. Miguel Jugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se refirió a la criminalización de la protesta y a recibir información de pobladores enjuiciados a raíz del conflicto social por el proyecto minero Tía María.
Jugo Viera llegó acompañado del Dr. Alercio Laura Canaza abogado de Ceprodeh-Arequipa, quien junto al vocero Miguel Meza, así como dirigentes, escucharon y plantearon inquietudes al representante de la Coordinadora.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
El Dr. Jugo, reveló “antes se tomaban carreteras, se hacían marchas y otras acciones. La autoridad decía que eran acciones de lucha social y es parte de una protesta”. Indicó que, en aquellos años, uno salía a la calle con una bandera y eso era válido, no había nadie que te encarcelara por eso, sin embargo, a partir del año 2006 (creación de Alan García) se cambió el código penal, ejemplo: la toma de locales se convertía en secuestro.
Señaló que ahora, marchar por las calles, bloquear una carretera, se convierte en delito, “entonces los dirigentes que convocan a un paro, comienzan a ser señalados como autores del delito, cabecilla el autor mediático, es decir el que mueve la gente” manifestó.
Indicó que esta teoría la desarrolló el Dr. César San Martin y la utilizó en el caso de Apurímac y Puno con Aduviri como autor mediático y por eso lo sentenciaron. “Todo lo que digo, no es miedo, sino cosas que no se deben hacer ahora” refirió.
“De nosotros no depende resolver los casos (juicios) somos un apoyo. Nosotros somos aliados del movimiento en la resistencia contra este proyecto, es más nosotros venimos a colaborar no a decir qué hacer. Quien determina la libertad de alguien, es la autoridad, un juez, la corte suprema” finalizó.
