POR: MAG. ROCÍO CORNELIO AIRA

¿Puede un funcionario público recibir regalos? ¿Puede un funcionario recibir un préstamo de alguien a cambio de nada, Por nada?

La legislación peruana, a través de la Ley Nº 28024, establece pautas claras y estrictas acerca de la conducta que deben mantener los funcionarios públicos respecto a la recepción de regalos y otros beneficios. Esta ley subraya que aquellos en cargos de decisión, incluyendo la alta jerarquía como el presidente de la República, están sujetos a normas de transparencia en sus decisiones, tal como se detalla en el Artículo 6 en consonancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Específicamente, el Artículo 17 prohíbe categóricamente la aceptación de obsequios, donaciones, servicios gratuitos y otras liberalidades, ya sean directas o indirectas, de parte de individuos o entidades con intereses ante la administración pública. Esta restricción no sólo se aplica al funcionario en cuestión sino también a su círculo familiar cercano, incluyendo cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con el propósito de prevenir conflictos de intereses o la apariencia de influencia indebida.

El marco legal se extiende para sancionar cualquier incumplimiento de estas normas éticas. Como establece el Artículo 22, los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones o violen los deberes impuestos por la ley enfrentarán acciones y sanciones determinadas por los órganos competentes del Sistema Nacional de Control. Estas medidas disciplinarias se aplican adicionalmente a las sanciones penales pertinentes por actos de corrupción y son coherentes con las regulaciones generales de la carrera pública y administrativa.

En resumen, la normativa peruana refuerza firmemente el principio de que la función pública debe ejercerse con un alto grado de integridad y transparencia, y que cualquier desviación de este principio fundamental no sólo es inaceptable, sino que también conlleva consecuencias serias. Las regulaciones son un componente crucial en la promoción de la confianza pública en las instituciones del estado y en la lucha efectiva contra la corrupción.