POR: ECON. JORGE ACOSTA ZEBALLOS
La fuerte controversia entre la Autoridad Portuaria Nacional – APN, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, y el socio mayoritario chino, Consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., de la construcción del complejo portuario de Chancay ha traslucido nuevamente las sospechosas decisiones de nuestras instituciones portuarias en general. El tema central es la exclusividad en los servicios que tendría el Consorcio en la infraestructura construida, que estaría por terminarse en su primera fase en el mes de noviembre del presente año, con una inversión de US$ 1213 millones.
Todo empezó en el año 2021 con diversas tratativas entre las instituciones del Estado y el Consorcio, en las que se establecieron acuerdos que la APN, después de muchos estudios, legalizó con la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2021, y que, entre uno de ellos, estableció la exclusividad de los servicios portuarios básicos sobre la infraestructura a construirse. En ese momento, no se escuchó ni se dijo que legalmente tal determinación era ilegal, porque anulaba la libre competencia establecida en la Constitución Política (Art. 61) y la Ley del Sistema Portuario. A partir de los acuerdos, el Consorcio comenzó a ejecutar la construcción del nuevo puerto de Chancay, que será un puerto Hub y el más grande de la costa del Pacífico.
Pasan aproximadamente cuatro años y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), en el mes de marzo del presente año, indica que la exclusividad del servicio portuario no tenía sustento legal, y luego el Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicita anular la parte de los acuerdos que establecían la exclusividad del servicio portuario sobre el área de lo que sería el Megapuerto. Y, por supuesto, como consecuencia, el consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú (60% capital chino Cosco Shipping y un 40% de capital peruano, compañía Volcán) ha puesto el grito en el cielo y amenaza con restringir la inversión de las siguientes etapas. En el escenario internacional, el Perú nuevamente pierde imagen y credibilidad sobre el cumplimiento de los acuerdos. Se pronuncian las empresas e instituciones para no perder la oportunidad de contar con el gran Megapuerto, y el gobierno nacional no se pronuncia.
Todo este avatar de decisiones resulta muy sospechoso y nos eleva la especulación en la búsqueda de una explicación. La primera es que la APN es un cobijo de vicealmirantes de marina formados en los escenarios pronorteamericanos, que, dicho sea de paso, por voz de Biden ya pronunció reticencias a la inversión y operatividad china portuaria en territorio sudamericano. No dejamos de mencionar también los celos naturales de nuestros vecinos del sur, que en el vaivén de posicionamiento comercial corren muchos intereses.
Lo que sí no es especulación es la real existencia permanente de crisis institucional del Estado. ¿Por qué no se pronunciaron en el momento inicial con la constitución y las leyes en la mano? Y la pregunta va para el Ejecutivo, Legislativo, APN, Indecopi, OSITRAN y otros. Estamos ante un callejón sin salida, por un lado, que las leyes están para respetarse y, por otro lado, si ello se hiciera podríamos perder la oportunidad de contar con el gran Megapuerto, si nos vamos a la justicia internacional seguramente lo perderemos también.