La defensa del Estado ha presentado una propuesta de reparación civil como parte de su solicitud para ser reconocida como actor civil o parte agraviada en la investigación contra la suspendida parlamentaria María Cordero Jon Tay, acusada de presuntamente recortar el sueldo de un trabajador de su despacho en 2022.

La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial que la legisladora suspendida pague una reparación civil de 200 mil soles, distribuida en 100 mil soles por daño a la imagen del Estado y otros 100 mil soles por daño a su institucionalidad. Este pedido fue formulado en una audiencia virtual realizada el lunes 23 de septiembre, en la que Luis Santiago, representante legal del Estado, fundamentó la responsabilidad civil extracontractual de Cordero Jon Tay.

La propuesta se enmarca dentro de la solicitud para que la Procuraduría actúe como «actor civil» en la investigación preparatoria que enfrenta la parlamentaria, quien es investigada por el delito de concusión en agravio del Estado, por supuestamente exigir a un trabajador de su despacho el 50% de su sueldo entre marzo y agosto de 2022.

Por su parte, la abogada de la congresista, Yeni Vicatoma, solicitó que se rechace el pedido de la Procuraduría, argumentando que no se han presentado pruebas documentales o pericias que acrediten la cuantía solicitada como reparación civil.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez supremo Juan Carlos Checkley informó que emitirá su decisión dentro del plazo legal.

La congresista María Cordero Jon Tay fue suspendida de su cargo y enfrenta la investigación preparatoria bajo un mandato de comparecencia con restricciones, luego de que el Congreso de la República aprobara el levantamiento de su inmunidad parlamentaria en marzo de este año. Sin embargo, el Pleno del Congreso no aprobó la propuesta para inhabilitarla por 10 años de la función pública. [Con información de RPP]