POR: ENRIQUE LAZO FLORES
El último comunicado que publicó la compañía minera Southern Perú (SPCC), en el sentido que mantienen el diálogo como mecanismo de concertación entre los representantes de los comuneros y que en ningún momento han renunciado a ello, es una muestra de buena voluntad que mantiene la empresa, para lograr superar los problemas de conflictividad entre la empresa y los comuneros.
Si bien es cierto que en este proceso de diálogo los comuneros, o mejor dicho los dirigentes se muestran renuentes a mantenerse encasillados a sus pretensiones iniciales de lograr beneficios económicos, haciendo oídos sordos
A las propuestas de la empresa de mejorar las condiciones de calidad de vida y mejorar el sistema de seguridad en la zona para evitar casos de quemas de postes que llevan energía eléctrica que solo perjudican a ambas partes.
Si embargo es increíble la posición que mantienen los dirigentes de los comuneros, de Tumilaca, Pocata y Coscore que no han logrado tomar conciencia de la importancia de los logros obtenidos a través diálogo que nunca ha sido roto por parte de la empresa.
Por una parte, se logró concertar en la necesidad de optimizar los mecanismos de seguridad en la zona, con el apoyo de los miembros de la Policía Nacional del Perú, porque la necesidad de evitar casos de conflictos con violencia, como tratar de quemar los postes que llevan energía y bienestar para todos, es compartida por ambas partes.
En ese marco la empresa ha señalado que es importante mantener la voluntad de construir una convivencia cada vez más estrecha y de mutuo beneficio es permanente y como fruto del diálogo, SPCC propuso un plan integral de desarrollo social que incorpora acciones priorizadas por la comunidad como la mejora de servicios de telecomunicación (telefonía e internet) y la asignación de proyectos concursables, para que empresas locales y comunales sean proveedoras de productos y servicios a la mina Cuajone, bajo altos estándares de calidad y competitividad.
De otro lado, la oferta de compra de terrenos de la minera, que por el momento no fue aceptada por sus propietarios, se mantendrá como un tema abierto para la consideración de la comunidad. Estas solicitudes serán alcanzadas por la Presidencia de la Mesa de Diálogo al Ministerio del Interior, para ser evaluadas.
Empero, es menester poner en relevancia algunas actitudes de los dirigentes de los comuneros que en total suman a 472, siendo diez más o menos los dirigentes que tienen injerencia y dominan a los comuneros, para mantenerlo en una situación de rechazo y negativa a las propuestas de la empresa, la cual es muy peligroso, ya que se refleja que las intenciones anti mineras están latentes.
El escenario es difícil toda vez que en otros asientos mineros como en el corredor minero de Las Bambas, se están presentando una nueva ola de mecanismos de protestas contra la minería y los acuerdos logrados en base a la constitución y con apego a un estado de derecho, como son los convenios de compra y venta de terrenos, que pretende ser desconocidos, como lo ha señalado Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad campesina de Huancuire, quien ha señalado que los acuerdos anteriores con Las Bambas (Apurímac) no tienen validez y que están dispuestos a devolverle a la minera lo millones que pagó por el terreno para comenzar una nueva empresa, en la que la comunidad será dueña de la mitad y la minera, de la otra mitad.
Según Ochoa, la comunidad es dueña tanto de la superficie como del subsuelo, afirmación que la Constitución peruana no contempla. “El subsuelo es de nosotros, eso nos dejaron nuestros antepasados, porque la minería existe desde la época de la conquista por los españoles”. ¿Con ese pensamiento, para qué queremos leyes en el Peru?
Como se ve, con dirigentes que tiene esa concepción de los tratados y contratos de compraventa de terrenos y la presencia de la minería en el país, no podemos hablar que la minería en el país tiene amplias garantías para desarrollarse y continuar siendo el motor del desarrollo y el progreso, además de sostener la economía de más de 32 millones de peruanos. Si no, estaríamos volviendo a épocas de las cavernas, donde no había normas, reglas de convivencia, menos una constitución que marcaba los lineamientos de una sociedad en un país civilizado, donde es fácil desconocer el estado de derecho.
A esta descabellada concepción de algunos dirigentes de comunidades que se ubican en el corredor minero de Las Bambas, se suma la ausencia del estado en el campo de la minería, ya que se ha demostrado que este gobierno, siempre estuvo ausente en los conflictos mineros desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, quien ha demostrado un total abandono en las medidas de protección y garantías a la minería, para seguir generando los recursos económicos que es el sostén de la economía del país.
Los problemas que se generan en la región minera de Moquegua, siempre se han caracterizado por la ausencia del Estado en todos los niveles de gobierno, solo como una muestra, en el conflicto de Cuajone, donde la producción se paralizó por casi 60 días, dará como resultado que el canon minero para el próximo año será el más bajo que los años anteriores, y las soluciones siempre fue por parte de las empresa minera, donde el estado estuvo ausente, siendo inclusive promotores de la violencia caso el Gobernador de Moquegua que en un momento llamó a los alcaldes a sumarse al rechazo a la empresa Southern, exigiendo que se retire de Moquegua.
En este panorama, los conflictos no están nada solucionados en Moquegua, los dirigentes de las comunidades de Tumilaca, Pocata y Coscore aún se encuentran “con la mecha encendida”, prestos a incendiar la pradera y el estado sigue ausente, la pandemia aún no ha pasado, se avecina una anunciada hambruna mundial, aparecen nuevos virus que parece no dar tregua al país y nosotros aun pensando en protegernos de la violencia de los vecinos, quienes intentarán nuevamente en quemar postes, incendiar campamentos y bloquear vías de comunicación. El estado debe hacerse presente, antes que sea tarde.