POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Una importante movilización de autoridades municipales y regionales, se dio los pasados días en la ciudad capital, que al unísono reclamaban al Congreso la derogatoria de la ley 31876, que regulaba las obras por Administración Directa, la misma que se sostuvo en seis proyectos de ley, de ellos uno en particular, la iniciativa de la Contraloría General, en perspectiva de darles “un marco que permita que dicha ejecución se realice en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo”, pero sobre todo colocándolas bajo un tope: no mayores a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin profundizar mayor argumentación.
Más allá de la legitimidad del reclamo, se evidenció un pronto aprovechamiento político, la inmediatez de la respuesta así lo corrobora, fue la Bancada de Fuerza Popular quienes plantearon la iniciativa para su derogación, cuando fueron ellos mismos quienes la aprobaron sin empacho alguno, pronto se agendó y se aprobó; lo que describe la ligereza y escasa responsabilidad con que se sustentan, deliberan y aprueban las leyes, ahondando la crisis de legitimidad en la que naufragan.
La Contraloría General, institución rectora del Sistema Nacional de Control, y valga recordarlo, se le han dado todos los insumos requeridos desde mayor presupuesto, ampliación de competencias, capacidad sancionatoria, y, sin embargo, los recursos económicos perdidos por corrupción, como de manera anual lo viene anunciando, sigue manteniendo el ritmo de siempre, sin encontrar resultados a la delicada función que se le ha encomendado.
Esta misma Contraloría, nos permite encontrar en ella la visión centralista de muchas entidades estatales, que sin inmiscuirse con la realidad de las entidades subnacionales y la propia dinámica social y económica de nuestra regiones y provincias, proponen y deciden sin un correcto diagnóstico, ajenos a políticas públicas necesarias y claras, imponiendo criterios desarrollados desde la lógica de gabinetes encasillados en su poder de dominio y contraproducentes al desarrollo integral del país, sobre quien decide. Pues, la propia Contraloría señala que en el periodo 2018-2021 de los proyectos de inversiones, corresponde a Administración Directa el 42%, el 30% se encuentra en situación de liquidación y el 27% de las inversiones ejecutadas en ese mismo periodo, cuentan con más de tres años de ejecución. Se advierte, que las entidades regionales y municipales, tienen una importante participación en la inversión pública, entonces porqué optar por un proyecto de ley drástico, generando inestabilidad y una evidente zozobra ciudadana.
Relegado, y bastante tiempo atrás, está el proceso de descentralización, que es el tema de fondo, y que ni por asomo ha sido abordado en este contencioso reciente. Cifrábamos esperanzas, que esta oportunidad iba a significar colocar el tema en la agenda pública, y una vez más nos encontramos que las políticas públicas no cuentan, que nuestras prioridades son circunstanciales y que la vuelta a lo cotidiano, con más defectos que virtudes siempre se imponen. Importa el presupuesto y como gastarlo, lo suscitado estos días se nos propone como el estado de la cuestión, no hay visión de desarrollo, hemos renunciado a la planificación, los proyectos estratégicos deambulan en los escritorios burocráticos, sin tomar conciencia de esta sobre dependencia que significa una economía que se sostiene en los commodities, sujeto a las peripecias de la economía mundial y el orden que se pretenda construir.
Desde aquel esfuerzo que significo modificar la Constitución, hace veinte años, para encarrilar la descentralización, su más clara manifestación fue el referéndum para constituir las macrorregiones, pasando por el Consejo Nacional de Descentralización, hoy se ha reducido a una inoficiosa Secretaria de Descentralización en la PCM; desde el interior del país, nos hemos satisfecho eligiendo cada cuatro años a nuestras autoridades regionales y locales, y no hay más. Se tiene los recursos, que nunca antes se ha tenido, vía canon y regalías, y no todas las regiones, y, sin embargo, es la corrupción lo que más ha desarrollado con celeridad y constancia.
Nos definimos como un Estado unitario y descentralizado, entregando autonomías bajo competencias específicas y en la prudencia de construir un país en armonía y sin desigualdades, propiciando desterrar ese anacrónico modelo centralista, que históricamente a relegado oportunidades y desarrollo. El Tribunal Constitucional en sendas sentencias, argumentaba que «la finalidad de un proceso de descentralización, tal como lo prevé el artículo 188° de la Constitución, es el desarrollo integral del país; desarrollo que comprende, como es evidente, el aspecto económico. Sin embargo, este objetivo no puede alcanzarse legítimamente si no se respetan el marco constitucional establecido, los valores y principios que orientan al Estado peruano”.
El fallecimiento de un congresista en un distrito del interior del país o el embarazo de una niña de escasos e inocentes años, desatendida en un hospital regional, colocaron en vitrina las graves deficiencias de nuestro sistema de salud pública-hasta esta denominación nos parece sarcástica-; si se tiene los recursos económicos, porque es deficiente el servicio público, y es que el presupuesto es una de los ejes del problema, médicos, infraestructura, equipamiento, medicinas, procesos, también cuentan, y se definen a través de respuestas integrales, en las que distintos niveles de autoridad no están en la capacidad de asumirlas, ni siquiera de entenderlas. Lo que sucede en el sector salud, se manifiesta también en otros sectores, cuan urgente es abordar el proceso de descentralización en una perspectiva integral, que coadyuven a un verdadero desarrollo sostenible, apegado a los principios de solidaridad e igualdad, donde la vida y la salud de los peruanos, no esté sujeto a tratamientos desiguales.
Estamos en tiempo de procesos presupuestales, el Ejecutivo ya alcanzó al Congreso el proyecto para el año 2024, y antes de cerrar el mes de noviembre debe aprobarse; es importante que bajo los criterios descentralistas en que nos sostenemos se de mayor presupuesto a los gobiernos regionales, fuera de lo que por ley les corresponde respecto a las trasferencias de canon o regalías y que con oportunidad se les entregue, para poder ordenar sus inversiones y programar la ejecución de sus proyectos. Es oportunidad también, a que, desde el Parlamento, se impulse un verdadero proceso de descentralización, retomándola como política pública, planificando, ordenando y transparentando los proyectos de inversión pública, que respondan a un auténtico desarrollo, en que se garantiza la dignidad de los ciudadanos, desde la atención de los servicios públicos básicos, como estado social y democrático.
Los tiempos apremian, aún podemos corregirnos y esto implica una respuesta consensuada, que nos permita encontrar consonancia entre crecimiento y desarrollo, para reforzar la legitimidad de nuestras instituciones y romper con la desafectación ciudadana por nuestra democracia.