POR: ÁNGEL ALBERTO ROJAS ROSALES
Para nadie es un secreto que el Perú tiene envidiables recursos naturales, tanto es así que el impedir su explotación a como dé lugar es el anhelo más preciado de más de una ONG asentada en el país y cuyo derrotero judicial tiene un seudo etiquetado de respeto al medio ambiente, por lo que en consonancia con sus dolosas intenciones no dudan en arropar sus mal intencionadas actividades bajo el manto de la legalidad, es por ello que en concordancia con su genética azuzadora no dudan en poner a disposición de las comunidades campesinas e indígenas, toda una parafernalia jurídica con miras a lograr sus soterrados objetivos, lo que ha traído como consecuencia que dichas organizaciones producto de la alienación acudan cada vez más a diversas instancias jurisdiccionales, vale decir tribunales judiciales, con la finalidad de detener proyectos mineros y petroleros asentados en sus respectivos territorios, obteniéndose así fallos favorables de jueces que consideran que las comunidades tienen que ser antes consultadas por el Estado, es por ello que resulta preocupante ver como recientes resoluciones judiciales vienen declarando la nulidad de sendos títulos de concesiones, basadas en jurisprudencia de carácter internacional, según Pedro de la Flor, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Sobre el particular debe de señalarse que la situación es preocupante, toda vez que ya se han emitido dos fallos, los mismos que han cancelado hasta 200 concesiones de acuerdo a dichas resoluciones judiciales, pero la situación puede empeorar si se tiene en consideración que el Perú ha otorgado 31,000 concesiones mineras, de las cuales, casi todas no tienen consulta previa, según CooperAcción.
PROYECTOS EN PELIGRO
Uno de los proyectos con mayor amenaza judicial es el que tiene Petroperú con la empresa Geopark por la exploración de un lote de crudo ubicado en la región Loreto, con una inversión estimada de US$ 450 millones de dólares; del mismo modo la comunidad indígena Achuar del Pastaza ha pedido la nulidad del proyecto, alegando que en el lote 64 se ha omitido la consulta previa pese a que dicho proyecto se encuentra dentro de su territorio ancestral.
Más al sur del país, la región del Cusco no se queda atrás, ya que el proyecto cuprífero de la firma Glencore por un monto total de US$ 590 millones de dólares, también corre peligro al sostener un litigio judicial con la comunidad Huini Coroccohuaycco, quienes afirman no haber sido consultados sobre un Estudio de Impacto Ambiental.
En consecuencia, el Presidente Vizcarra debe sacar la casta de estadista, si es que acaso la tiene, con miras a adoptar decisiones en base a asesorías provenientes de verdaderos expertos sobre la materia y no dejarse llevar por cantos de sirena que le endulzan el oído cuando le señalan adulonamente de que es el mejor presidente de la historia, cuando en realidad no lo es, por lo que debe considerar seriamente que lo que está en juego, no son las encuestas a las cuales es adicto, sino el futuro de nuestros hijos a través de una cartera de proyectos mineros que suman un total de US$ 59,000 millones de dólares en inversiones; mientras que en hidrocarburos los planes ascienden a US$ 21,300 millones de dólares, según cifras del ministerio de Energía y Minas y de gremios privados.
