POR: ECON. CESAR PILCO FLORES
El 25 de abril, se recibió una “noticia” preocupante para la economía peruana, al bajar nuestra calificación de Grado de Inversión de la Deuda a Largo y Corto Plazo, según S&P; pero se informa, que mantenemos nuestra calificación en Fitch Ratings, en una perspectiva en negativo; que se complica ante una posible disminución del PBI de las proyecciones estimadas, la impopularidad del ejecutivo y del legislativo; la inestabilidad política, con una débil transparencia en la toma de decisiones, característico de la democracias hibridas (al estar en el medio de las Democracias imperfectas y los Régimen es Autoritarios), son entre otros aspectos, que han influido sobre esta baja en la calificación; les alcanzamos la entrevista realizada, para su conocimiento, aportes y las sugerencias del caso.
¿Qué es el riesgo país y el riesgo soberano?
Señalaremos, que el “riesgo país”, es la dificultad de repago de un endeudamiento, con acreedores extranjeros o una deuda emitida fuera del Perú. El “riesgo soberano”, es una parte del riego país y califica a las deudas que son garantizadas por el gobierno o por un agente autorizado; (adaptamos de una forma simple y entendible, lo desarrollado por el Académico P.J. Nagy, Londres; en su “Country risk: know to assess/ “Riesgo país: Saber evaluar”, para un entendimiento práctico).
DATA ESTADÍSTICA
Para la evaluación del Grado de Inversión de largo plazo, tomaremos como referencia, la tabla adjunta; asciendo presente que al 2016, el país tuvo una calificación de BBB+, al año 2020 en plena pandemia BBB+, y ahora el 25 de abril del presente, se tiene una calificación de BBB-; se bajó en si 3 “peldaños”; que significa, que disminuyo nuestra solvencia y estamos en el límite de alcanzar una baja solvencia; ello conlleva que tenemos un riesgo moderado, con una capacidad de pago en riesgo, como se observa en el gráfico.
¿A QUÉ SE DEBE, QUE HEMOS PERDIDO LA CALIFICACIÓN?
Se debe a varios aspectos, como por ejemplo: Al crecimiento del déficit fiscal en 2.8%/PBI, mayor a la meta del 2.0% el 2023, que conllevará a un posible aumento de la deuda pública; a la incertidumbre política, a las investigaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre presunto enriquecimiento ilícito, al dilatar sus declaraciones sobre los acontecimientos recientes; que sumado a las medidas dadas por un Congreso fragmentado; la falta de claridad percibida sobre las políticas de la administración, así como la presencia de una visible falta de institucionalidad en la justicia, la mínima transparencia observada y el “ruido político”, puso al garete nuestra calificación de grado de inversión.
Un dato referencial y preocupante y que creemos que han contribuido, y mellado, la confianza de los inversionistas y sobre todo de los inversionistas especulativos, que, al menor centelleo, desvían sus fondos; como es el caso de los “capitales golondrinos”; en ese pantallazo, observamos que desde el 2021 a la fecha, hay fuga de capitales, cercanos a los 23,000 millones de dólares; situación extrema, que requiere respuestas claras.
¿QUÉ OCURRE CUANDO NOS REBAJAN DE CALIFICACIÓN?
Al disminuir o rebajar la calificación crediticia, significa que ha cambiado la percepción de riesgo del inversionista (pues aumenta sus dudas sobre sus inversión); así mismo es muy probable, que se pondrán duras las condiciones financieras en el país (situación que afectaría el gasto, al inversionista, al incrementarse su costo de financiamiento); por lo que habría una disminución de los fondos de préstamos, por tanto desincentivo para las inversiones; al subir las tasas de interés activas/prestamos. A nivel país, se incrementará el servicio de la deuda pública, poniendo incluso en riesgo, la solvencia de las cuentas fiscales; situación que va conllevar e influenciar negativamente en la reactivación económica, limitando el crecimiento, conllevando al aumento del desempleo, la informalidad y subempleo, por las menores inversiones a realizarse; la reducción de los flujos de capitales hacia nuestro país; al rebajarnos el grado de inversión.
