La Contraloría General evidenció que cuatro funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) no ejecutaron la carta fianza de la obra “Mejoramiento del servicio de protección en la av. Circunvalación Cuajone” luego que la entidad edil ganó un arbitraje a la empresa contratista, hechos que ocasionaron un perjuicio de S/ 369 639.
En el año 2017, la entidad edil otorgó la buena pro de la mencionada obra al Consorcio Ejecutor Miramar. Luego de dos adendas al contrato y ampliaciones de plazo, el costo de la obra ascendió a S/ 3 696 392. Sin embargo, debido a que el contratista superó el monto máximo de penalidades y porque el avance ejecutado era menor al 80% de lo programado, la MPI comunicó al contratista la resolución del contrato el 24 de mayo de 2021.
Esta controversia se resolvió en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, el cual declaró válida la resolución del contrato. Tras ganar el arbitraje, los funcionarios ediles estaban facultados para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento con la finalidad de obtener una indemnización económica.
El Informe de Control Específico N° 005-2022-2-0445-SCE (periodo 13 de enero al 30 de septiembre de 2021) señala que el gerente de administración financiera, subgerente de tesorería y dos subgerentas de logística, no ejecutaron, tampoco informaron, recomendaron, ni dispusieron las acciones necesarias para que la garantía fuera ejecutada o cobrada durante el periodo en que se encontró vigente; ni dentro de los 15 días posteriores a su vencimiento. La última carta fianza emitida por el contratista, venció el 25 de julio de 2021.
La comisión auditora, determinó que la negligencia de los funcionarios y la omisión de informar el estado del contrato para la ejecución de la carta fianza, coadyuvaron a que no se cobre ni incorpore al presupuesto de la entidad los casi S/ 370 mil de la garantía de fiel cumplimiento. Es por ello que se identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloría, en contra de los cuatro funcionarios.
El informe se comunicó al titular de la entidad, a quien se le recomendó el deslinde de responsabilidades administrativas y se remitió a la Procuraduría Pública de la Contraloría para que inicie acciones civiles que correspondan. Además, el informe recomendó al Órgano Instructor de la Contraloría realice el procesamiento del funcionario con presunta responsabilidad funcional administrativa.