Son S/ 137 885 de perjuicio económico que la Municipalidad Distrital de Islay-Matarani (MDI) generó por la entrega indebida de canastas navideñas a autoridades y servidores públicos en el periodo del año 2015 al 2020, viéndose involucrados civil y administrativamente 11 funcionarios y exfuncionarios de las gestiones municipales de Regina Lavalle (2015-2018) y del actual alcalde Fernando Zúñiga (2019-2022), según identificó la Contraloría General de la República.

NO CONSIDERARON RESTRICCIONES PRESUPUESTALES

Según el Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Responsabilidad N° 003-2021-2-0359-SCE de la Contraloría, la MDI aprobó y pagó por alimentos, otorgados vía donación a favor del alcalde, regidores, personal de Contratación Administrativas de Servicios (CAS) y locadores de servicio, sin considerar que estas personas no tendrían derecho a acceder a este beneficio. En los seis años en los que se otorgó este beneficio, el Concejo Municipal autorizó la entrega de las canastas navideñas a través de Acuerdos.

La investigación y consecuente informe de 73 páginas de la Contraloría, está comprendido durante el período del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2020

LLUVIA DE CANASTAS

En diciembre de 2015 se entregó este beneficio valorizado en S/ 115 a 132 personas entre autoridades elegidas y servidores CAS y locadores de servicios, generando un perjuicio económico de S/ 15 065; en el 2016 se hizo lo propio con 132 trabajadores con canastas valorizadas en S/ 150, causando un perjuicio de S/ 19 800 a la entidad.

En el 2017 se favoreció a 141 personas con canastas valuadas en S/ 120, causando un perjuicio económico de S/ 16 920; en diciembre de 2018 se entregó apoyo valorizado en S/ 150 a 187 servidores generando un perjuicio de S/ 28 050.

En el 2019 la nueva gestión municipal continuó con la entrega de las canastas navideñas valorizadas en S/ 150 que favoreció a 137 personas, entre autoridades y servidores, causando un perjuicio de S/ 20 550, y en el 2020 se otorgó apoyo con alimentos por S/ 250 a 150 trabajadores, generando un perjuicio económico de S/ 37 500.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRA IMPLICADOS

Ahora el alcalde Fernando Zúñiga deberá disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe de la Contraloría que recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General disponer el inicio de las acciones legales civiles que correspondan.

DATO

El informe de control específico a hechos con presunta responsabilidad, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Islay, se encuentra publicado en el portal institucional de la Contraloría y es de libre acceso.