POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
En mis primeros años de Derecho, leía el libro de Domingo García Rada “Memorias de un Juez”, de su prolijo contenido, impregnado de las improntas particulares de nuestra justicia, me quedo grabada la expresión: “Al rey la hacienda y la vida se ha de dar; pero no el honor que es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios”, recogida de Calderón de la Barca. García Rada fue defenestrado como magistrado por asumir una sólida y firme posición jurídica, frente a una arbitraria decisión del Dictador de turno Manuel Odría; para luego, ser restituido con dignidad, siendo uno de los jueces más preclaros de nuestro sistema de justicia.
El viernes 4 de agosto, se celebró el “Dia del Juez”, como cada año oportunidad para reconocer y valorar el importante rol que asume nuestra administración de justicia en nuestro estado social, democrático y constitucional; pero también, interiorizarnos con su significado en nuestra coyuntura, la percepción ciudadana y las falencias que limitan su accionar. El foco de atención pública esta puesta sobre el Gobierno y el Congreso, relegando los demás órganos constitucionales y, sin embargo, las movilizaciones de diciembre y comienzos de año, colocaron en la mira tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, y aunque las encuestas nacionales, inciden sobre los poderes políticos, damos por descontando que, si se incluye a estos últimos órganos, las respuestas serian uniformes, descalificación.
La expresión más baja, enlodada con la podredumbre insertada en nuestra justicia: “¿Que le baje la pena o quiere que lo declare inocente?”. Era parte de la conversación sostenida por el juez supremo César Hinostroza sobre el caso de la violación a una niña de 11 años y la posible reducción de la pena del agresor o incluso su absolución; lo que llevo a colocar en la palestra de la necesaria discusión pública una reforma profunda de nuestro sistema de justicia, se impulsaron algunas reformas desde el Ejecutivo, se acudió a reformas constitucionales, vía referéndum, para instituir una nueva institucionalidad en el concurso, evaluación, nombramiento de jueces y fiscales a través de la Junta Nacional de Justicia y una vez más, pronto llegamos a la orilla, sin reformas profundas, recuperándose el viejo statu quo, hasta que nuevos sucesos alienten a nuestra clase política en esa vorágine circunstancial, alguien con ironía escribía “reformar para no cambiar nada”.
Hemos tenido esfuerzos reformadores de nuestra justicia por doquier, y giran en torno a los vientos de contextos políticos, y como estos son volubles, también absorbían esas intentonas. La Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia CERIAJUS, fue quizás el esfuerzo más trascendente llegando a elaborar el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, gran parte de sus contenidos se encuentran vigentes; en aquellas circunstancias el jurista Javier de Belaúnde expresaba la necesidad de tres elementos básicos para una auténtica reforma judicial: diagnóstico claro y preciso, buenas leyes que implementen el proceso y voluntad política para que realmente se ejecuten; nos quedamos en el primero.
De los múltiples problemas que encontramos en nuestro sistema de justicia, las recientes declaraciones del presidente del Poder Judicial Javier Arévalo, que señalaban: “la prisión preventiva debería ser el último recurso, estamos sobrepoblando las prisiones. Pero así está establecida la ley. En todo caso, tendría que haber una reforma legislativa que establezca plazos menores”, nos introduce en un tema muy relevante, la discrecionalidad de los jueces en sus decisiones.
La labor del juez no es mecánica, es una labor creativa, intelectual, que hace fluir todas sus capacidades en esa función tan singular, compleja de administrar justicia frente a intereses confrontados, las propias libertades de la persona. Claro que está allí la ley, pero no en el extremo esquema liberal “el juez es la boca de la ley”, puesto que el juez tiene hoy una suma potestad interpretativa y decisoria, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, distante de toda arbitrariedad o carga subjetiva, que pudiera inclinar sus decisiones en favor de la injusticia. Y el riesgo mayor -indiscutibles evidencias-, es el llamado activismo judicial con una agravada presión mediática, permite que sus decisiones se desapeguen de la objetividad de la justicia para acercarse al clamor popular-justicia paralela-, apartándose de la verdad y la justicia.
Por supuesto que el Juez no debe actuar al margen de la ley, pero tampoco debe renunciar a su propia autonomía, para integrar cada circunstancia fáctica y sus particularidades a los parámetros de la ley. Por ello, cuando el presidente del Poder Judicial, reclama a voz alzada modificaciones a la ley, lo que corresponde es un mayor ejercicio de discrecionalidad con prudencia en la magistratura. Tarea aún pendiente, y son las decisiones de justicia que pueden perfectamente enrumbar la gran reforma judicial, antes que estar propensos a las deliberaciones políticas, para su oportunista decisión concretizadora.
Al igual que en nuestro sistema de salud, donde las citas especializadas se dan con varios meses de distancia, reflejo de su colapso; nuestra administración de justicia, no se muestra diferente, las audiencias se convocan, con varios meses posteriores, síntoma de sobrecarga procesal, pero que, en uno u otro caso, es el ciudadano común el afectado, y obviamente genera no sólo desencanto hacia nuestras instituciones, sino que perciben al Estado como ineficiente, insensible.
Hoy en día la carrera judicial goza de una remuneración acomodada, diferente a la docente o médica por citar algunos, hay preocupación por una permanente capacitación, se han fortalecido los mecanismos de control, gradualmente se viene incorporando la más moderna tecnología, se vienen incrementando el número de judicaturas; no se pueden negar que hay avances importantes, pero siempre serán insuficiente ante un mayor crecimiento y demanda ciudadana. En esa perspectiva, nuestra justicia no puede dejarse arrastrar por las oscilaciones políticas, desde casa, desde el interior del propio sistema, aun con las limitaciones o trabas burocráticas que existan, está en la capacidad de recolocarse ante la opinión pública, sacudirse de esa crónica sombra de desconfianza, perfilarse como actor trascedente, dinámico y comprometido en el estado constitucional, con justicia e igualdad que todos aspiramos.
A Sócrates se le acuña esta frase: “Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”, tan presentes y tan ausentes hoy en día, salvo honrosas excepciones.
