POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El pasado 9 de los corrientes, el diario La República tituló que “hay 25 fiscales amenazados de muerte por el crimen organizado”, recogiendo las declaraciones de Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, en conferencia de prensa junto a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación. Dato preocupante.
Tres días después, el teniente general PNP (r) Edgardo Garrido enfatizó que “todos los funcionarios que trabajan en el sector Justicia, vale decir, policías, jueces, fiscales y empleados del INPE, están expuestos a amenazas porque todos, de una manera u otra, enfrentamos la criminalidad”. Y es verdad.
Solo basta recordar que el 5 de junio de 2009, 23 efectivos policiales murieron durante los hechos de violencia ocurridos en Bagua, además de la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán.
O la violenta muerte del suboficial de segunda PNP José Luis Soncco Quispe, atacado durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y cuyo cuerpo fue encontrado calcinado junto a un patrullero. El informe de necropsia determinó que murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave producido por un elemento contundente. Por este caso, en 2026 se confirmó una condena de 35 años de prisión contra uno de los implicados.
Sin embargo, esta afirmación de Chávez se dio luego de la ácida crítica de Gálvez a Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, a quien calificó de malcriado, cuestionando su permanencia en el cargo. Lo cierto es que Arriola anunció su relevo de la Comandancia General a partir del 16 de los corrientes, siendo posteriormente calificado por la mandataria Keiko Fujimori como “un hombre muy institucional”.
No obstante, llama la atención el pronunciamiento del Ministerio Público respecto de la situación jurídica de Alberto Beingolea y Marco Vinelli, titulares de Cultura y de Desarrollo Agrario y Riego, respectivamente.
En el primero, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao ha pedido diez años de cárcel y 550 días-multa por un servicio de asesoría legal contratado en 2019 que, según la tesis fiscal, no habría sido prestado de manera efectiva. Mientras que, en el otro caso, el Ministerio Público requirió cuatro años de prisión contra Marco Vinelli, atribuyéndole presuntas irregularidades vinculadas con el proyecto denominado “Mejoramiento de los canales de irrigación de la margen derecha del distrito de Tomaykichwa-Ambo, Huánuco”, tipificándolo como colusión simple, por el periodo comprendido entre el 10 de junio de 2015 y el 28 de febrero de 2016, cuando este ejercía el cargo de director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.
En suma, se trata de hechos que datan de aproximadamente 7 y 11 años atrás, respectivamente, sin que hasta el momento exista sentencia firme o sobreseimiento definitivo que resuelva el fondo de ambos casos.
Esto último hace rememorar la presionada renuncia, a finales de enero de 2025, de Julio Demartini al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, luego de dizque investigaciones que lo vinculaban con presuntos actos de corrupción en el hoy extinto Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
Veinticinco días después, se descartó su eventual designación como embajador del Perú ante el Vaticano, en medio del pedido de impedimento de salida del país formulado por la entonces fiscal de la Nación y hoy controvertida decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, destituida por la Junta Nacional de Justicia y contra quien el Congreso aprobó una inhabilitación para ejercer función pública. El 20 de marzo de 2025 se conoció que el Poder Judicial había declarado infundado dicho pedido.
Entendemos que la tarea del Ministerio Público es la de “guardián de la legalidad”; o, mejor dicho, persecutor del delito. Pero esta encomiable función no puede ni debe trastocarse en una velada amenaza a la persona que ocasionalmente ocupa la función pública.
