Por: Mauricio Aguirre Corvalán
La semana pasada ocurrió un hecho inédito en la historia reciente del país. El Congreso y el Ejecutivo conversaron y se pusieron de acuerdo. Llegaron a un texto consensuado para aprobar la ley que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas personales y de las pequeñas empresas.
El jueves se puso en agenda el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor, y ante la inminencia de su aprobación, la Ministra de Economía se presentó en el Pleno, expuso los riesgos que implicaba para el sistema financiero y la economía del país, y propuso una solución alternativa al dictamen que iban a discutir y votar los congresistas.
Después de largas horas de trabajo, la Ministra María Antonieta Alva y los congresistas de las comisiones de Defensa del Consumidor y Economía lograron ponerse de acuerdo en un texto sustitutorio. Fue aprobado en el Pleno con 115 votos a favor, una abstención y un voto en contra.
Este acuerdo entre Legislativo y Ejecutivo llega después de siete meses de ásperos enfrentamientos que llevaron al presidente Martín Vizcarra a observar 16 leyes aprobadas por el Congreso, algunas de las cuales terminaron con demandas en el Tribunal Constitucional. La última norma observada fue la devolución de los aportes a la ONP.
Pero conociendo la forma de hacer política del presidente Martín Vizcarra y el Congreso, esto no garantiza un camino de rosas en el futuro cercano.
Sin embargo, hay algo que debemos reconocerle a este Congreso. Muy criticado por sus decisiones, y la mayoría de las veces con razón, tiene el mérito de poner en agenda temas que tienen que ver con el día a día de la gente de a pie. Eso no está mal, pero el problema no está en el fin, sino en los medios que se utilizan.
Hacer política es pensar en el bien común. Es decir, en el de todos, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo. Y eso es algo en lo que no necesariamente están pensando la mayoría de las bancadas del Congreso. Ya estamos en campaña electoral y la tentación por el populismo es muy grande.
Frente a este escenario, y pese al olfato político que hay que reconocerle al presidente Martín Vizcarra, pocas veces el Ejecutivo ha podido tomar la iniciativa frente al Congreso, y la mayoría de las ocasiones ha terminado reaccionando, y mal, frente a la agenda que le impone el Legislativo.
El caso de la observada ley del retiro de los aportes de la ONP es un ejemplo. El tema estaba en las comisiones del Congreso hace varios meses, pero el gobierno recién presentó un proyecto alternativo cuando la aprobación de la norma era un hecho. Estaba claro que en esta pandemia había que atender la situación de los jubilados menos favorecidos, pero el Ejecutivo no hizo nada, y cuando quiso reaccionar al populismo del Congreso, ya era demasiado tarde.
El gobierno está preocupado por la estabilidad del país, y eso también está bien. Pero el futuro del país no puede ser sólo un resultado de sumas y restas. Si detrás de los números no está el rostro de las personas, tampoco hay futuro, así tengas la alcancía llena de monedas.
El fracaso de la vacancia golpeó al Congreso, y lo ocurrido con el acuerdo sobre el congelamiento de deudas es una consecuencia de eso. ¿Cuánto tardará el Congreso en volver a las andadas? Difícil saberlo, pero las pruebas de fuego que se vienen son la insistencia para aprobar la ley del retiro de fondos de la ONP y el proyecto de retiro del 100 por ciento de los fondos de las AFP.
En los próximos meses la carrera electoral seguirá calentando, y ese será un factor crucial que definirá la relación del Congreso con el Ejecutivo. Esta vez quedó demostrado que no era tan difícil ponerse de acuerdo si se está pensando en la gente, en sus problemas de ahora, pero también en su vida futura.
Queremos un país viable, no sólo hoy, sino siempre. Para eso necesitamos políticos viables. Y eso, hoy, lamentablemente es lo más escaso.