Por: Ing. Elmer Pinto Cáceres (Consejero regional por la provincia de Islay)
Hace pocos días quedó al descubierto la farsa de «desarrollo social en el sector agrario» que se ha generado con la imposición de la Ley 27360 «Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario» y que los últimos cuatro gobiernos de turno han protegido o se han hecho de la vista gorda, ampliando su vigencia o postergando su modificación; con mayor descaro, el actual, conducido por el Sr. Francisco Sagasti y sus patrocinadores representados por la Confiep que han decidido someter al trabajador del campo con dura represión, con la silenciosa complicidad de algunos medios de comunicación controlados.
Esta nefasta «ley» vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores del campo, los sume en un proceso de sometimiento organizado y estructurado que empeña e hipoteca la ilusión de desarrollo de los jóvenes trabajadores del sector agrario de por vida y también la de sus hijos.
La brecha socio económica ha entrado a un escenario de confrontación entre los empresarios agro industriales, que defiende el Estado, y más de 500,000 trabajadores del campo, que exigen un mejor trato, un trato digno que algunos miserables y corruptos empresarios del sector agro industrial han negado a los trabajadores, utilizando la ley para sacar un beneficio extremo personal.
Al respecto, el intento de reactivar el Proyecto Majes Siguas II, en las actuales circunstancias y condiciones, ha entrado a un estado de «pausa» desde el Gobierno Regional y desde el Gobierno Central, pues en el actual Texto Único Ordenado (TUO) advertimos de las desventajas del enfoque que ProInversion está tratando de imponer con el módulo de parcelación de 200 hectáreas a favor de un grupo de empresas agro industriales, las mismas que actualmente operan en Ica y el norte del país, impulsando una actividad altamente lucrativa para sus intereses y perjudicial para nuestra sociedad, Por este motivo, no a la Adenda 13, no a la modalidad de Contrato de Asociación Público – Privado. No al modelo de parcelación de 200 hectáreas. No a la represión de los trabajadores agrarios.
Nuestra solidaridad con los hermanos dedicados al sector agrario, a nivel nacional, que se suman a la justa demanda de mejoras en el aspecto remunerativo, seguro de salud, pensión vitalicia, CTS, derecho a vacaciones y participación de utilidades.
En esta injusta situación que se encuentra el sector agrario, también se encuentran el sector pesca, el sector minería y el sector turismo. Por estos motivos es necesario el cambio de Constitución.
