La Contraloría General reveló que 1633 funcionarios y servidores públicos están suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, al contar con una sanción vigente por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones (periodo enero – noviembre 2018).
Los departamentos que registran más funcionarios y servidores con sanción vigente son: Lima (317), Cusco (135), Cajamarca (126), Lambayeque (92), Tumbes (88) y Puno (88). Mientras que los departamentos con menor número de sancionados por inconducta funcional son: Callao (7), Madre de Dios (9), Moquegua (10), Ica (11) y Áncash (21).
De acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados pueden ser suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado desde 30 hasta 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.
MOQUEGUA
La región Moquegua registra 10 sancionados: 4 de la Municipalidad Provincial de Ilo, 3 del Gobierno Regional de Moquegua y 3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Nueve fueron inhabilitados de 2 a 4 años y uno fue suspendido temporalmente (360 días).
Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran:
Parcializarse en contra de los intereses del Estado, en contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.
Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.
Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
SANCIONES VIGENTES
En el periodo enero – noviembre de 2018, se registraron 1823 sanciones administras vigentes inscritas que comprenden a 1633 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional. Algunos de ellos cuentan con dos o más sanciones administrativas vigentes.
Del total de sanciones vigentes, el 96.2% (1754) son de inhabilitación para trabajar en el Estado y el 3.8% (69) corresponden a suspensión temporal para ejercer la función pública.
