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14 octubre, 2024 3:56 am

Moquegua: Confirman sentencia contra oficiales del Ejército por colusión agravada

El exjefe de la plaza militar de Ilo y Agrupamiento Militar “Coronel José Gálvez” Jelicoe Antonio Álvarez Rivera, con el tesorero y el jefe la oficina de contrataciones y adquisiciones, se coludieron para beneficiar a un proveedor.

El exjefe de la plaza militar de Ilo y Agrupamiento Militar “Coronel José Gálvez” Jelicoe Antonio Álvarez Rivera, junto con Herber Jhon Tunjar Portocarrero, tesorero y Jorge Cabezas Muro, jefe la oficina de contrataciones y adquisiciones del, fueron sentenciados a pena efectiva de cárcel tras demostrarse que se coludieron para beneficiar a un proveedor, entre los años 2012 y 2013.

Los oficiales recibieron penas de 8 años con carácter de efectiva, como autores del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, condena confirmada y dada a conocer los últimos días del 2020; la resolución en primera instancia fue dada en diciembre del 2019.

El caso por parte del Ministerio Público, estuvo a cargo del fiscal adjunto superior, David Díaz Lazo de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Moquegua, sentencia de vista emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.

Los sentenciados cumplieron diferentes roles con el fin que la empresa Bamy obtenga la buena pro, favoreciendo económicamente a través de la adjudicación de la elaboración y ejecución del proyecto técnico para la reconstrucción de la piscina y muelle de la Escuela de Anfibios.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron suficientes para advertir la realización de una actividad criminal colusoria, causando un perjuicio al Estado superior a los 132 mil soles, según concluye la sentencia confirmatoria, pese a que los imputados apelaron la sentencia inicial.

También se confirmó la pena contra Bernardo Ángel Manzano Yucra, representante de la empresa, recibiendo una condena de 5 años y 2 meses con carácter de efectiva. Los cuatro sentenciados además deberán pagar una reparación civil de 150 mil soles a favor del Estado Peruano.

Análisis & Opinión