Mediante la Resolución Suprema Nº 085-2019-IN el Gobierno central autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú para el mantenimiento del orden interno y seguridad, en instalaciones del Terminal de Abastecimiento de Hidrocarburos Líquidos en Mollendo, conocido como Petroperú, por un periodo de 30 días. El documento oficial fue publicado ayer en el Diario El Peruano.
ACTIVO CRÍTICO NACIONAL
De acuerdo a la resolución, se ha tenido como argumentos para esta medida, la propuesta presentada por el Ministerio de Energía y Minas considerando como Activo Crítico Nacional al terminal de combustibles en cuestión, la cual es validada con la Resolución de la Dirección de Inteligencia Nacional N° 080-2019-DINI-01, de fecha 6 de agosto de 2019.
INFORMES POLICIALES
Del mismo modo se ha tomado en cuenta el Oficio N° 1143-2019-CG PNP/SEC, del comandante General de la Policía Nacional del Perú, quien solicita el apoyo de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno y seguridad en el terminal, sustentando dicho pedido en el Informe N° 60-2019-IX-MACREPOL-AQP/SEC a través del cual la IX Macro Región Policial Arequipa informa sobre las medidas de fuerza advertidas en el distrito de Mollendo que se registraron en los últimos días y que afectarían el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en el referido terminal, y que a su vez sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú.
Por este motivo, además, es que el Ministerio del Interior solicita, por cuestiones de seguridad, la intervención de las Fuerzas Armadas.
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS
El documento precisa que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la policía.
Asimismo las Fuerzas Armadas limitarán sus funciones a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la p concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población.
Finalmente se indica que esta intervención de las Fuerzas Armadas, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales de las personas.
