El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, exhortó este jueves al Congreso a no politizar la seguridad ciudadana ni utilizarla como herramienta de desinformación. Durante su intervención, instó a todas las instituciones a asumir un rol activo en la lucha por la tranquilidad y el bienestar de los peruanos.

“En esta guerra todos debemos ponernos al frente por la vida y el bienestar de millones de peruanos, la seguridad no puede ser un arma política ni estrategia de desinformación», dijo.

Durante su intervención en el Pleno para exponer la estrategia de seguridad ciudadana, Santiváñez enfatizó la necesidad de unidad para frenar el avance de la criminalidad, evitando enfrentamientos y divisiones.

Asimismo, denunció la existencia de una campaña de desprestigio que, a través de un discurso alarmista sobre una supuesta inseguridad extrema, busca generar temor en la ciudadanía y opacar los esfuerzos coordinados entre el Gobierno, el Congreso, el sector empresarial, las autoridades locales y la sociedad civil.

“Tampoco es admisible que en un mes la fiscalía realice dos allanamientos en mi oficina y mi hogar, en una muestra arbitraria del uso sistema judicial, mientras el allanamiento solicitado por la Policía para atrapar criminales demora meses en ser respondido”, sostuvo.

El titular del Mininter inició su exposición reconociendo la frustración y el malestar de la ciudadanía ante el avance de la inseguridad, una problemática que, según afirmó, se agudizó debido a la inacción de administraciones anteriores, teniendo la extorsión como su manifestación más crítica.

No obstante, aseguró que durante su gestión se han sentado las bases para combatir la criminalidad, con una inversión de 580 millones de soles destinada a fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional (PNP), la optimización de los mecanismos de defensa legal para los agentes del orden y la implementación de una estrategia específica para enfrentar las extorsiones.

ESTRATEGIA CONTRA LAS EXTORSIONES

En ese contexto, el ministro del Interior detalló que la estrategia de seguridad contempla interrumpir la comunicación entre extorsionadores y sus víctimas. Para ello, se procederá con la identificación y bloqueo de líneas telefónicas utilizadas para cometer estos delitos, además de optimizar la geolocalización de llamadas extorsivas y establecer unidades de alta tecnología en distintas regiones del país.

Anunció un incremento en los recursos destinados a operaciones encubiertas, clave para el desmantelamiento de organizaciones criminales. Igualmente, agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas reforzarán las labores de inteligencia policial.

En el caso de Lima Metropolitana, donde se concentra la mayor incidencia delictiva, señaló que se aplica una estrategia diferenciada basada en un enfoque territorial, mayor despliegue policial y operativos de alto impacto.

“Se diseñó una estrategia de control rápida y sorpresiva contra las mafias que han tomado espacios públicos y se ha dispuesto la reasignación de oficiales de la Región Lima, incluso de los que están realizando estudios; todos estarán en las calles”, afirmó.

Santiváñez también anunció que el Ejecutivo ha planteado la creación de la figura del “terrorismo urbano”, delito que sería castigado con cadena perpetua. Además, se busca endurecer las penas para crímenes como el sicariato, la extorsión y el secuestro, así como establecer sanciones efectivas para el delito de receptación.

En cuanto al fortalecimiento del servicio policial, destacó la implementación del plan Celador, que permite la adquisición de días de franco y vacaciones de los agentes para reforzar la seguridad. Asimismo, adelantó que próximamente se propondrá un proceso acelerado de asimilación de licenciados de las Fuerzas Armadas, quienes podrán incorporarse como suboficiales de servicio en la PNP.

RESULTADOS DE OPERACIONES

Respecto a los resultados operativos, el ministro del Interior informó que, entre el 1 de enero y el 16 de marzo de 2025, la Policía Nacional logró la detención de 91,907 personas. De este total, 63,264 son ciudadanos peruanos, 12,413 extranjeros y 16,230 tenían requisitorias con mandato judicial.

Además, detalló que hasta el 19 de marzo se ejecutaron 229,080 operativos a nivel nacional, lo que permitió la desarticulación de 23 organizaciones criminales y 2,771 bandas delictivas. También se incautaron 2,035 armas de fuego y más de 100 millones de soles en activos ilícitos.

“El 92% de detenidos ha sido liberado y no por la policía. Solo en Lima, de todos los detenidos, 338 criminales con demostrada participación en 167 bandas criminales, han sido liberados por la fiscalía”, refirió.

Finalmente, el ministro subrayó la necesidad de un trabajo conjunto entre todas las instituciones del Estado para hacer frente a la criminalidad, enfatizando que no basta solo con la acción policial para erradicar este problema.

“Hacemos un llamado, convocamos al Poder Judicial, al Congreso, a una nueva fiscalía, a que nos sentemos y tracemos una estrategia; se hace un llamado sin cálculo político, sin agendas ocultas ni revanchismos. Invoco a la posibilidad de seguir trabajando juntos y poder lograr la pacificación que la ciudadanía tanto requiere”, aseveró. [Andina]