POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Si bien es cierto la propuesta de convocar a referéndum para consultar sobre la viabilidad de la Asamblea Constituyente, estuvo en la palestra de la discusión pública desde los inicios del gobierno de Pedro Castillo, luego se impulsaron sendos procesos de recojo de firmas, unos para concretizarla otros para desautorizarla, más adelante el propio Ejecutivo planteó al Congreso un proyecto de reforma constitucional que terminó con su abrupto archivo, reforzado por la norma modificatoria a la ley de participación ciudadana, que neutralizan las posibilidades de las iniciativas ciudadanas, sin pasar por alto que un importante sector de los medios de comunicación prefirieron la “demonización” de la Asamblea Constituyente desaprovechando la oportunidad para apertura una discusión pública madura, seria, libre, desabrochada de miedos y temores, que facilite involucrarnos en la construcción de un mejor estado, a partir de la interiorización con su norma fundamental.
La Asamblea Constituyente no estaba ni relegada ni excluida, estaba latente y gradualmente-ante una interesada imperceptibilidad- se muestra acentuada ante la comunidad política, que va consolidando el llamado momento constituyente, confundida también con destituyente, pues el descrédito de la clase política y la desidia de las instituciones también suman con su cuota de legitimidad a esta expectativa.
PRIMERO
En estos días, empezando con la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos el 69% de los encuestados se mostró de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para en una última publicación de DATUM mostrarnos a favor un 56% de los consultados, lo que muestra claramente que desde la percepción ciudadana el tema siempre estuvo presente y más aún, con un incremento sustantivo en su aceptación.
SEGUNDO
Respondiendo a las protestas ciudadanas y ante la irresponsable omisión parlamentaria, la presidente Dina Boluarte, expresó que presentaría dos proyectos de ley, uno sobre el adelanto de elecciones, ya archivado y otro para «zanjar el debate sobre la reforma de la Constitución», para que sea el próximo Congreso elegido quien le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993, matizando que deberá «tomarse en cuenta la Constitución histórica del Perú» y tras su aprobación, será sometido a una consulta vía referéndum «para que el pueblo decida si se acepta o no».
TERCERO
Luego de los debates parlamentarios, donde finalmente no se logró la votación necesaria para el adelanto de elecciones generales, uno de los sectores parlamentarios aprovechando la oportunidad política y anteponiendo intereses subalternos, condicionaron su posición y así fue recogido en el debate del texto sustitutorio del Dictamen en Minoría, que acompañando al adelanto de elecciones se convoque a un referéndum para consultar a la ciudadanía si aprueba o desaprueba la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
CUARTO
El último viernes, el abogado Lucas Ghersi quien lidera el colectivo “No a la Asamblea Constituyente“ presentó pomposamente ante el JNE más de 600,000 firmas para respaldar un proyecto de ley que prohíba la convocatoria a una Asamblea Constituyente que delibere y apruebe una nueva Constitución, teniendo como objetivo la modificación del artículo 206 de la Constitución, reafirmándose lo que ya existe, que el Congreso es la única instancia que aprueba las reformas constitucionales, un despropósito, puesto que no se puede aprobar una norma que prohíba la Asamblea Constituyente, que es expresión exclusiva y excluyente del poder constituyente más no de los poderes constituidos.
Cuatro circunstancias distintas nos permiten encontrar en ellas un hilo conductor, cual es colocar en la mesa de debate la Asamblea Constituyente, sea el Congreso, el Ejecutivo, el otrora oficialismo y la percepción de la ciudadana consultada. Es oportuno recordar que no es un tema nuevo, siempre estuvo allí, desde el distante 2001 en que Valentín Paniagua convocó una Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional para evaluar y proponer reformas constitucionales, una de sus tres recomendaciones incidía en “aprobar una ley de referéndum para que el pueblo decida si quiere que se apruebe una nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición histórica del Perú. De ser el caso, sería convocada una Asamblea Constituyente expresamente para ello”.
Las protestas ciudadanas, nos permite toparnos con un Estado que no ha sabido calar en sus ciudadanos, es el desencuentro por el abandono, la postergación, el centralismo, el ninguneo, los escasos niveles de desarrollo, la desigualdad (somos el cuarto país más desigual del mundo, según el Informe sobre la desigualdad global 2022), que, activados por el contraste político, al unísono elevan la voz de protesta. Como ayer, el reclamo ciudadano no fue la restitución de Vizcarra sino la objeción a una clase política prepotente, arrogante; hoy, nuestra lectura no debe encasillarse en lo superficial, el reclamo es el despertar a un Estado indolente, insensible, clasista, bastante lejos está la restitución de Pedro Castillo, que en la torpeza del análisis se pretende colocarlo como el ideólogo en la sombra, aunque es cierto que toda esta polarización y desorden es consecuencia de la ineficiencia e ingobernabilidad en la que estuvo sumida su gestión.
Si bien una Constitución no cambiará la vida de los peruanos, es innegable que está inmerso en el pensamiento de una importante mayoría y que no son necesariamente los que protestan públicamente, no debe soslayarse, muy por el contrario, debe asumirse con responsabilidad y tacto su procesamiento, quizá no en la inmediatez del tiempo, estableciéndose estrategias que hagan sentirse escuchados a los ciudadanos, en paralelo ordenando sus aportes sin descuidar la evaluación permanente, para llegado el caso acudir a las reformas constitucionales sean por el parlamento o a través de una Asamblea Constituyente. Es decir, recoger y articular los reclamos de la protesta ciudadana para encaminarla bajo un proceso democrático, legítimo y de darse el caso, afianzar el in crescendo momento constituyente, consultarles a los ciudadanos sobre su acuerdo o desacuerdo.
Es elemental decirlo y reiterarlo, la opinión, el parecer ciudadano, es la esencia de una democracia, no hay porque rasgarse las vestiduras, nuestras constituciones históricas fueron aprobadas por instancias representativas o directamente consultadas a los ciudadanos; una carta constitucional, no está hecha en piedra, es revisable, modificable: “Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras”, decía la Constitución francesa de 1793.
En Chile y recientemente en Ecuador fueron rechazadas la propuesta de una nueva Constitución y reformas específicas, respectivamente, y fueron los propios ciudadanos quienes consultados democráticamente se determinaron por esta decisión. No debemos menospreciar la inteligencia y sabiduría del pueblo, más bien debemos asumir un ejercicio democrático más abierto y participativo, las instituciones deben en perspectiva fortalecerse y legitimarse, los ejercicios democráticos abordan precisamente esta ineludible necesidad.