POR: MSC. MBA (C) – PMO ARQ. GUSTAVO PUMA CÁCERES [PLANIFICADOR URBANO TERRITORIAL Y PORTUARIA, GOBERNANZA TERRITORIAL Y GESTIÓN DE CIUDADES PUERTO]     

Polibio dijo hace poco más de 2100 años, que “cuando la democracia se manchaba con demagogia y violencia, aparecía la tiranía de la muchedumbre”, y a esto lo denominó oclocracia. La oclocracia fue definida por Polibio, como la peor degeneración de una democracia. Hoy, 2000 años después, la oclocracia chicha ya llego al Perú.

En el contexto de la caída del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, parte de una cadena que pertenece al hombre más rico del Perú y pese a haber sido clausurado por el anterior alcalde (que fue vacado con apoyo de Acuña, congresista de APP y la Cámara de Comercio La Libertad) por no cumplir con normas de seguridad, volvió a abrir; al cierre de esta columna hay 8 muertos y 84 heridos.

El proyecto de ley 9788, presentado por la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, y su mancha de coautores José Williams Zapata, Edward Málaga Trillo, Karol Paredes Fonseca, Víctor Flores Ruiz, José Elías Ávalos, José Cueto Aservi, Fernando Rospigliosi Capurro, Diana Málaga (Arequipa) y Rosselli Amuruz (presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción) buscan que los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) tengan una vigencia indeterminada y de modificar la frecuencia de las inspecciones técnicas a centros comerciales en Perú, extendiéndolas a cada 10 años o de manera indeterminada, estos congresistas buscan más tragedias y muertes, lo que ha generado controversia ¿cuál es el lobby que hay detrás de esta propuesta legislativa? es necesario examinar los posibles motivos detrás de esta iniciativa, los intereses involucrados y las implicaciones para la seguridad pública.

Nancy Barrenechea, de la Comisión de Inspectores Técnicos de Seguridad de CIP, indico: “En el mes de diciembre, el Congreso, a través de la congresista Tudela, propone una inspección indeterminada. Eso quiere decir que no haya inspecciones” y advirtió que Tudela estaría pretendiendo que no se realicen las actividades necesarias de supervisión de las estructuras de estos establecimientos.

¿QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY?

La iniciativa de Adriana Tudela tiene como objetivo “restablecer la vigencia indeterminada de los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE)”, y destaca “la facultad y obligación que las autoridades competentes poseen para realizar fiscalizaciones posteriores”. Para ello, se pretende modificar el artículo 11 de la Ley N.º 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento. En ese sentido, establecen que esto se podría aplicar “sin perjuicio de la fiscalización posterior que debe ser ejecutada por los gobiernos locales de manera periódica”.  Como justificación de la iniciativa, subraya que existen altos costos para las micro y pequeñas empresas que deben someterse constantemente al trámite de solicitud de un certificado ITSE.

Desde un enfoque técnico, esta medida comprometería la seguridad de las edificaciones y aumentaría el riesgo de incidentes graves. Políticamente, la propuesta podría estar influenciada por intereses económicos del sector inmobiliario y de construcción, que buscan reducir costos y trámites a expensas de la seguridad pública.

Existe posibles motivaciones políticas, como la agenda de desregulación, donde la propuesta podría estar alineada con una agenda política que busca reducir la intervención del Estado en la economía, argumentando que esto fomenta el crecimiento y la inversión privada y que no es cierto. Sin embargo, esta desregulación no debe comprometer áreas críticas como la seguridad en las edificaciones, la mancha de Tudela y sus causas congresistas no son ni arquitectos ni ingenieros.

Presiones electorales o económicas de los congresistas, lo que podría estar respondiendo a presiones de grupos económicos que financian campañas políticas o que tienen influencia en su partido. También podría buscar ganar apoyo entre los empresarios para futuras elecciones ya que todos quieren ser senadores y diputados o proyectos políticos.

Aunque no se cuenta con fuentes directas que confirmen el lobby detrás de esta propuesta, como sí lo hay con la ley del cine, es importante considerar el contexto político y económico del Perú:

• El sector inmobiliario y de construcción es uno de los más influyentes en el país, con un fuerte poder de lobby en el Congreso.
• Incidentes recientes, como el colapso del techo en el mall de Trujillo, han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer, no debilitar, las inspecciones técnicas.

Es fundamental que las decisiones en materia de seguridad y prevención de riesgos se basen en criterios técnicos y no en presiones políticas o económicas como lo hacen todos los congresistas en mención para favorecer al sector privado. La prioridad debe ser garantizar la seguridad de los ciudadanos y no facilitar los negocios de unos pocos.

Los responsables de este desastre de colapso del techo en nuestro “paisito” no tendrán el menor problema legal como no lo tuvo este régimen que asesinó a más de 50 peruanos a bala y patada por protestar. (Diego Trelles Paz) “No hay país, no hay autoridad, no hay gobernabilidad ya empezamos a vivir la “oclocracia chicha” que ya está laburando e instalada como cáncer en el escenario social del Perú.