POR: MIGUEL CÉSPEDES RODRÍGUEZ
La presidenta Dina Boluarte transmitió un mensaje sobre la devastadora problemática de la corrupción en Perú, considerándola como un cáncer que ha venido socavando la democracia del país y arruinando las vidas y las esperanzas de los peruanos.
Destacó el trabajo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que, hasta la fecha, ha atendido aproximadamente 52 mil casos y ha realizado unas 60 mil diligencias en colaboración con el Ministerio Público y el Poder Judicial. A través de unas 8 mil sentencias, logró recaudar 198 millones de soles para la reparación civil al Estado, lo que representa el 23% de los 875 millones de soles determinados por los fallos judiciales.
El trabajo de la Procuraduría incluye la investigación de 926 individuos y 215 empresas en casos de corrupción notorios como el caso Lava Jato y el Club de la Construcción. Al menos el 55% de los individuos investigados son funcionarios públicos. La presidenta hizo mención también de la recientemente creada Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado contra altos funcionarios, que participa en 52 casos y ha presentado 14 denuncias por delitos de corrupción contra altos cargos.
la Contraloría General de la República de Perú reveló cifras alarmantes sobre la corrupción en el país. Durante el último año, alrededor de 8,786 funcionarios públicos estuvieron implicados en supuestas acciones que perjudicaron la administración del Estado. De acuerdo con la Contraloría, los actos de corrupción habrían causado un daño financiero estimado en más de 24 mil millones de soles.
Al mismo tiempo, los ciudadanos peruanos han sido testigos de la aparición de casos de corrupción de gran envergadura que se han intensificado en el país desde mediados de la segunda década de este siglo. Han tenido la oportunidad de conocer la magnitud, la estrategia de operación y los participantes en la organización criminal que, supuestamente, habría sido establecida por el expresidente Pedro Castillo, incluso antes de asumir el poder.
Según los informes, la organización incluiría a miembros de su entorno familiar cercano, parte de su consejo de ministros, otras autoridades y un grupo de empresarios inescrupulosos, todos ansiosos por obtener contratos con el Estado de manera ilegal y deshonesta.