POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
Indignación en la familia de las víctimas del trágico triple choque que arrebató la vida de Huber Grimaldo Velarde Díaz y su esposa Gladys Milagros Pacheco Velásquez. La ausencia de consuelo se ve agravada por la falta de justicia, ya que el responsable del accidente no solo está en libertad, sino que además no ha asumido plenamente su responsabilidad por las consecuencias de sus acciones.
Este lamentable incidente, ocurrido hace casi tres meses, involucró a Juan Manuel Pinto Rivera, ingeniero de profesión y empleado de Anglo American Quellaveco S.A., que según información policial y de la Fiscalía conducía de forma irresponsable y temeraria, bajo los efectos del alcohol y con una licencia de conducir suspendida, un vehículo propiedad de su padre.
Según los hechos expuestos por el Ministerio Público, el accidente se registró cerca de las 19:00 horas del día martes 12 de marzo a la altura de las líneas férreas de San Camilo, carretera Panamericana, distrito de Cocachacra, donde la camioneta, Z5H 227 conducida por Manuel Pinto Rivera, chocó por detrás a la furgoneta, con matrícula F9X 921 donde iba la pareja de esposos Grimaldo Velarde Díaz y Gladys Pacheco Velásquez, que producto del impacto chocaron con un semitrailer cargado de gaseosas.
Desde esa fecha, los familiares de las víctimas han estado clamando por justicia. Además, han enviado una carta a la PRENSA REGIONAL para dar a conocer su lamentable situación de impotencia e indignación.
Esta acción se debe a que, a pesar de que la Fiscalía solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria la prisión preventiva, respaldada por contundentes pruebas que evidencian la responsabilidad penal por homicidio culposo, y considerando la aceptación de responsabilidad por parte del imputado y su abogado defensor, quienes reconocieron que el conductor estaba en estado de ebriedad, la jueza Vivian Ojeda Midolo resolvió otorgar libertad con comparecencia restringida al conductor implicado en el trágico accidente que cobró la vida de dos personas, dejando a seis hijos en orfandad y desamparo.
El Fiscal Rene Mauricio Rivera López, en representación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, ha expresado su desacuerdo con esta resolución judicial. La jueza reconoció la gravedad del delito y la certeza de la comisión del mismo, pero sorprendentemente decidió otorgar libertad al imputado, argumentando una supuesta voluntad de resarcimiento por parte del mismo, basada en un depósito de dinero como reparación civil.
Efectivamente, la magistrada llegó a esta conclusión sorprendente e intempestiva al dar más importancia al depósito de S/ 10,000 soles, cantidad de dinero que los familiares de los fallecidos rechazaron como parte de la reparación civil.
Los familiares de las víctimas exigen que se revise y rectifique esta resolución, y que se haga valer el derecho a una justicia imparcial y equitativa, que refleje adecuadamente la gravedad de los hechos y garantice la protección de la sociedad frente a conductas negligentes y peligrosas en las vías públicas.
Asimismo, consideran que la decisión de la magistrada evidencia un razonamiento jurídico erróneo y grave, ya que implica una conclusión hipotética: que en el futuro no importará tener o no tener arraigos, siempre y cuando se realice el depósito de una determinada cantidad de dinero como parte de la reparación civil.
Esto resulta indignante y lamentable, ya que con ese mismo criterio cualquier juez podría decidir otorgar libertad a un chofer irresponsable que, en estado de ebriedad y con licencia inhabilitada, conduzca de forma temeraria y cause la muerte de una, dos o más personas.
MARCHA EN AREQUIPA
Los familiares de las víctimas están solicitando la solidaridad de la comunidad para una marcha y vigilia en memoria de sus seres queridos. El evento está programado para el viernes 14 de junio a las 5:00 p.m. y el punto de encuentro será en el parque España. Se invita a todos los participantes a llevar una vela encendida y marcharemos juntos hacia la plaza de armas.
