POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
A fines de junio, en una entrevista televisiva, le preguntaron al presidente argentino, Javier Milei, si se disculparía con Lula Da Silva por haberlo llamado corrupto. Milei respondió que no, argumentando que el mandatario brasileño fue sentenciado por corrupción, lo que dejó perplejo a su interlocutor. Esta situación describe plenamente la realidad que vivimos en gran parte del mundo.
El penúltimo día de mayo, Pedro Sánchez aprobó la polémica ley de amnistía que beneficiará a políticos y ciudadanos implicados en el procés; no obstante, en nuestro país aún se recuerda con cierto rencor, por parte de ciertos sectores, la amnistía que aprobó el Congreso de la República en 1995. Asimismo, en el mismo reino, el Ejecutivo socialista anunció un mes y medio después las «claves del Plan de Acción por la Democracia», con las que supuestamente tratará de hacer frente a la desinformación y la injerencia de agentes externos; es decir, controlar la información que circula en las redes sociales. En otras palabras, el gobierno les dirá a los españoles qué deben escuchar o leer, y qué no. Sin embargo, en el Perú, cierto sector de la prensa, aplaudido por la progresía, se queja de que la jefa de Estado no da declaraciones a la prensa, esquivando las preguntas de los reporteros apostados en algún evento al que asista doña Dina Boluarte.
Igualmente, somos críticos del encarcelamiento y posterior deportación de párrocos, así como del cierre de iglesias católicas en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega, pero callamos cuando el «demócrata» Zelenski decidió prohibir los vínculos de las organizaciones religiosas con la Iglesia Ortodoxa Rusa, decisión que conllevó al pronunciamiento en contra, y en solitario, del Papa Francisco. O ante los severos reproches a los presuntos hackers norcoreanos responsables del robo de miles de historias clínicas de pacientes hospitalarios en los EE. UU., además de intentar apropiarse de secretos nucleares y militares, aunque mantenemos silencio ante la reveladora noticia del CEO de Facebook (hoy META), Mark Zuckerberg, quien declaró que en 2021 altos funcionarios norteamericanos lo presionaron insistentemente «para que censurara ciertos contenidos relacionados con el COVID-19».
Aquí, la historia muestra ciertas similitudes. Pasamos por alto la agresión verbal sufrida por la congresista María Agüero durante la última semana de representación en la ciudad de Arequipa, pretextando que tres años antes Agüero Gutiérrez menospreció a los alumnos de un centro educativo de la Ciudad Blanca. Tiempo atrás, hicieron lo mismo con la parlamentaria Patricia Chirinos cuando acudió acompañada de un colega suyo a un conocido bar en Barranco, siendo blanco de vejámenes, incluyendo el lanzamiento de un vaso que por poco atentó contra su integridad física. De este último incidente, hubo quienes disculparon este desmesurado accionar, aduciendo que fue ella quien lo provocó al asistir a esa hora (de madrugada) a dicho establecimiento comercial. Casi como cuando una dama es denostada en la calle, y terminan achacándole la responsabilidad por estar vestida con minifalda. O en el caso de la señora Boluarte Zegarra, al ser insultada a viva voz en pleno ingreso a la Parada Militar por parte de un impresentable, y ella, como era de esperar, respondió enérgicamente. Lejos de cuestionar la ofensa recibida, hay quienes se enfocaron en las palabras de la presidenta.
Todas estas actuaciones, dentro y fuera del territorio patrio, no solo debieran ser condenables, sino incluso penadas. Pero, como ha sostenido el célebre actor Antonio Banderas, «con lo políticamente incorrecto hemos llegado a una forma de autocensura».
Por lo tanto, mientras sigamos eximiendo o normalizando ciertas conductas que, a todas luces, merecen más que un vituperio, poco o nada avanzaremos como una sociedad que aspira a convertirse en un país altamente desarrollado.
