La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, a través de su Subgerencia de Gestión Ambiental, informó sobre la detección de tres fuentes principales de contaminación que vienen afectando seriamente al río Coralaque, ubicado en la región Moquegua. El hallazgo se produjo tras un trabajo de campo realizado en la jurisdicción del centro poblado de Aruntaya.
El biólogo Carlos Santos, responsable del monitoreo ambiental, detalló que la primera fuente identificada corresponde al colapso de las zanjas de coronación construidas para evitar el contacto de aguas limpias con aguas ácidas. Estas estructuras, ahora deterioradas y abandonadas, han dejado de cumplir su función, permitiendo que el caudal contaminado se desborde y se mezcle con el río.
La segunda fuente corresponde a la zona de Tucari, donde también se registran aguas de no contacto que fluyen sin ningún tipo de protección ambiental. Según explicó el especialista, esta situación representa un riesgo crítico, ya que dichas aguas terminan desembocando en el río Apostoloni y, posteriormente, en el río Tambo.
La tercera fuente de contaminación es el botadero de desechos mineros, cuya responsabilidad recae sobre la empresa minera encargada. Los remanentes aún no han sido debidamente tratados, lo que agrava la situación ambiental. “Estamos hablando de un río que tiene una acidez similar a la del limón, lo cual representa un grave peligro tanto para la biodiversidad como para las poblaciones aguas abajo”, advirtió el biólogo.
Santos también cuestionó el incumplimiento de la empresa AMSAC, contratada desde 2021 para ejecutar obras de mitigación por un valor de 21 millones de soles. “Hasta la fecha no se ha realizado ningún trabajo. La última visita del ministro de Energía y Minas fue clara al anunciar el inicio de estas acciones, pero no se ha visto avance alguno”, precisó.
Frente a esta inacción, la municipalidad evalúa realizar una acción comunitaria para rehabilitar las zanjas colapsadas, previa autorización del Ministerio de Energía y Minas. “No buscamos confrontación, sino soluciones. Ya estamos en diálogo con la empresa minera, que ha mostrado disposición para ampliar su planta de tratamiento. Solo falta voluntad política y técnica para ejecutar una solución definitiva en un plazo de seis a ocho meses”, agregó Santos.
