La Contraloría General evidenció irregularidades en la designación de una asesora y la contratación de un asistente legal por parte de altos funcionarios de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM).

El Informe de Control Específico N° 036-2023-2-5573 (período del 1 de junio al 3 de octubre de 2023) reveló que funcionarios y servidores designaron como asesora en la Vicepresidencia Académica a Liliana Julia Parras Reyes, que no cumplía con el perfil previsto para el cargo y, además, se contrató un asistente para que le ayudara en sus funciones de asesoría legal, a pesar de que dicho profesional incumplía los términos de referencia.

Por estos hechos, la Comisión de Control determinó tres tipos de presunta responsabilidad: penal, PAS (sujeta a la potestad sancionadora) y administrativa en contra de siete personas.

El informe refiere que se contrató a una asesora que no cumplía con el perfil estipulado en el Manual de Clasificador de Cargos en cuanto a la función de asesorar en temas legales, así como que no contaba con título profesional de nivel universitario. Asimismo, para subsanar y complementar las funciones de asesoramiento, se contrató a un asistente legal que se encontraba inhabilitado para ejercer la profesión de abogado por su colegio profesional.

También se detectó que la contratación fue direccionada a una persona en específico desde la emisión de los términos de referencia, ya que el documento remitido digitalmente por el vicepresidente académico a la Unidad de Abastecimiento hacía referencia al nombre y apellido del prestador de servicios.

Además, dicho profesional presentó su cotización sin cumplir los requisitos estipulados en sus TDR e inició la prestación del servicio antes de la emisión de la orden de servicio correspondiente.

Por estos hechos, se halló presunta responsabilidad en quienes se desempeñaban como presidente de la Comisión Organizadora, vicepresidente Académico, vicepresidente de Investigación, director de la Unidad de Abastecimiento, director de la Unidad de Recursos Humanos, asesora de Vicepresidencia Académica y asistente legal (Ver cuadro).

El informe se comunicó a la Procuraduría Anticorrupción para el inicio de acciones legales de índole penal, así como al Órgano Instructor de la Contraloría General para procesar a los servidores con presunta responsabilidad. Los detalles del informe pueden consultarse en el Buscador de Informes de Control.