La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó hoy el informe final por el caso ‘Richard Swing’ en el que recomiendan inhabilitar por diez años de ejercer cargos públicos al expresidente Martín Vizcarra, además de que se le acuse constitucionalmente.
El documento fue respaldado por diez legisladores, mientras una parlamentaria se pronunció en contra y tres se abstuvieron de votar.
Este fue el sentido del voto de los integrantes del grupo de trabajo:
A FAVOR:
– Édgar Alarcón Tejada (Unión por el Perú)
– Nelly Huamaní Machaca (Frepap)
– Ricardo Burga Chuquipiondo (Acción Popular)
– Robinson Gupioc Rios (Podemos Perú)
– Héctor Maquera Chavez (Unión por el Perú)
– Fernando Meléndez Celis (APP)
– María Retamozo Lezama (Frepap)
– Mariano Yupanqui Miñano (Somos Perú)
– Wilmer Bajonero Olivas (Acción Popular)
– Felicita Tocto Guerrero (Somos Perú)
EN CONTRA:
– Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado)
ABSTENCIÓN:
– José Luis Ancalle Gutierrez (Frente Amplio)
– Marcos Pichilingue Gómez (Fuerza Popular)
– Gilbert Alonzo Fernández (Fuerza Popular)
Durante la sesión, los integrantes de la comisión solicitaron que se indique quiénes, además del exmandatario, son los involucrados en estos presuntos actos de corrupción y los delitos que habrían cometido. Asimismo, que se precise en el informe las denuncias constitucionales. El congresista Edgar Alarcón, presidente del grupo de trabajo, señaló que estas solicitudes serán incluidas en el documento.
El informe sostiene que las medidas recomendadas para Vizcarra Cornejo responden a que el exmandatario lideraría una organización criminal, además de que habría cometido varios delitos de función.
Según el documento, esta organización criminal habría captado Palacio de Gobierno para utilizar su poder político, a fin de contratar personas de su entorno y beneficiarlas a través de los recursos del Estado.
Precisa que se habría favorecido a partidarios de partidos políticos, amigos y familiares directos o indirectos y amigos, los cuales ocuparon cargos de confianza, y otras modalidades de contrataciones, como las órdenes de servicio que obtuvo el cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.
ACUSACIONES PARA EXMINISTROS
Además del exmandatario, el documento recomienda que se acuse constitucionalmente a los exministros de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, Fabiola Muñoz y Jorge Montenegro, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión agravada y tráfico de influencias.
En otro punto recomiendan también que se acuse constitucionalmente a los exministros de Cultura, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Educación y Defensa entre los años 2018 y 2020, por haber permitido que se ejecuten “actos ilegales e ilícitos durante su gestión”. [Fuente: RPP]