La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra el congresista y excontralor General Édgar Alarcón, como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, y los exparlamentarios Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma, a quienes se les presume como responsables del delito de tráfico de influencias.
Se trata de la tercera denuncia constitucional contra Edgar Alarcón, quien actualmente es congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización. En esta oportunidad, la titular del Ministerio Público lo acusa de haber recibido dinero de parte del exalcalde de Chiclayo David Cornejo para levantar el congelamiento de cuentas de esa municipalidad en el 2016.
«Se imputa a Edgar Alarcón, en su condición de ex Contralor General de la República, la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio por haber aceptado o recibido, con fecha 8 de agosto del 2016, un beneficio económico ascendente al importe aproximado de 30 mil soles de parte de David Cornejo», se lee en parte de la denuncia constitucional.
De igual modo, acusa a los excongresistas Velásquez Quesquén y Palma de promover una reunión entre el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel y el excontralor Edgar Alarcón a cambio de beneficios. Según la acusación, los entonces parlamentarios podían interceder ante el contralor, quien tenía la «facultad legal» de levantar una medida contra la municipalidad.
«Se imputa el presunto delito de tráfico de influencias agravado por haber hecho prometer para sí diversos beneficios económicos (obras) a David Cornejo para promover una reunión con el entonces Contralor para tratar el levantamiento de la medida de suspensión temporal de operaciones sobre las cuentas corrientes de la municipalidad», se menciona.
Esta no es la primera vez que Edgar Alarcón es denunciado constitucionalmente. La semana pasada, la representante del Ministerio Público presentó dos denuncias constitucionales contra el legislador de la bancada de Unión por el Perú (UPP) por el presunto delito de peculado doloso y por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Ambas son por hechos relacionados a su gestión como Contralor General de la República, cargo que ocupó entre junio del 2016 y julio del 2017, cuando fue destituido por el Congreso por supuestas irregularidades.
En la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, se le imputa un aparente desbalance patrimonial de S/ 201 377.24 entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, en el que fue contralor general. El documento indica que este delito prevé una pena prevativa de la libertad de entre 10 y 15 años además de una inhabilitación política. RPP