El cuestionado exministro Juan Silva envió un documento al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) exigiendo que paguen los honorarios de su defensa o asesoría legal, los cuales ascienden a los S/ 350 mil.
En la misiva enviada el último viernes a dicho ministerio, Silva le pide a Nicolás Bustamante, actual titular del MTC, que, por su condición de exministro, dicha cartera se haga cargo de su caso ante la justicia. Incluso, propone al abogado especializado Luis Alfredo Yalán Ramírez para que asuma su proceso.
“De conformidad con los dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva ‘Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles’, motivo por el cual adjunto su Curriculum Vitae”, se lee en la carta.
“Agradeciendo la atención, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal”, firma la misiva el exministro.
Como se recuerda, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso iniciar investigación preliminar a Silva Villegas, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, como autor de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado.
Asimismo, se ha solicitado el impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes como parte de la investigación que recae en su contra.
Los hechos imputados a Silva están vinculados a la investigación por el caso Puente Tarata – Provías Descentralizado, en el que habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento a empresarios, entre otros.
Estos actos se habrían realizado en el contexto de la ejecución del plan delictivo de la organización criminal a la que se habría integrado desde el 2021, cuando asumió la cartera de Transportes y Comunicaciones, designando a funcionarios públicos en Provías Descentralizado, a efectos de contar con personas de su confianza, quienes se encargarían de viabilizar gestiones indebidas. [Fuente: Infobae]
