POR: FREDDY ROQUE OROVILLA
Las elecciones presidenciales de 2026 en el Perú vuelven a mostrar una paradoja que se ha vuelto habitual: candidatos con altos niveles de rechazo logran ubicarse entre los primeros lugares de la votación. Más que una simple preferencia electoral, este resultado refleja una característica estructural del sistema político peruano: la profunda fragmentación del voto.
En un escenario con decenas de candidaturas, el voto ciudadano se dispersa entre múltiples opciones. Esta dispersión reduce el porcentaje necesario para liderar la primera vuelta. En términos prácticos, un candidato puede encabezar los resultados con apenas entre 15 % y 20 % de los votos válidos. En ese contexto, la competencia electoral ya no se define por mayorías amplias sino por la capacidad de movilizar núcleos duros de votantes fieles.
Este fenómeno explica cómo figuras con altos niveles de desaprobación pueden mantenerse competitivas. Candidatos como Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga cuentan con bases electorales disciplinadas que, en un escenario fragmentado, resultan suficientes para sostener una candidatura viable.
LA ARQUITECTURA LEGAL DE LA FRAGMENTACIÓN
La proliferación de 36 fórmulas presidenciales no es casual. Responde a una fragmentación partidaria facilitada por una legislación electoral relativamente laxa. La base normativa se encuentra principalmente en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) y en la Ley N.º 30998, que introdujo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Estas reformas buscaban ordenar la selección de candidatos y fortalecer la democracia interna de los partidos. Sin embargo, su implementación ha sido irregular y no ha logrado consolidar un sistema partidario estable. El resultado ha sido la proliferación de organizaciones políticas débiles y candidaturas personalistas.
El Congreso, actor central en la aprobación de estas reformas, tampoco ha logrado reducir el número de partidos ni fortalecer estructuras políticas sólidas. Por el contrario, el sistema continúa incentivando la dispersión electoral.
UN RITUAL DEMOCRÁTICO EN MEDIO DE LA CRISIS
En este contexto, las elecciones parecen haber perdido su carácter de renovación política. Como ha señalado el analista Pedro Brieger, desde hace años los procesos electorales en el Perú se asemejan más a un ritual institucional que a un verdadero cambio de rumbo.
Desde 2016 el país ha tenido ocho presidentes, no por una dinámica saludable de alternancia democrática sino por una maquinaria institucional que produce inestabilidad permanente. La presidencia se ha convertido en una figura frágil, vulnerable a vacancias, presiones parlamentarias y conflictos con un Congreso que ha demostrado una enorme capacidad para disciplinar al Ejecutivo.
OPERADORES Y PODER REAL
Desde una mirada crítica, los resultados de 2026 parecen confirmar que el sistema político peruano sigue asentado sobre cimientos profundamente desiguales. La fragmentación electoral no solo debilita la representación democrática; también favorece la continuidad de un modelo económico y político funcional a intereses oligárquicos.
En este esquema operan diversos actores: grandes medios de comunicación, grupos empresariales y figuras mediáticas que influyen en la agenda pública, amplifican determinadas narrativas y moldean percepciones sobre los candidatos. Estos operadores contribuyen a consolidar liderazgos funcionales al statu quo mientras debilitan o desacreditan alternativas que podrían cuestionarlo.
Las elecciones de 2026, en ese sentido, no parecen anunciar un cambio de rumbo. Más bien evidencian la persistencia de un sistema donde la fragmentación del voto, la debilidad de los partidos y el poder de los grandes operadores mediáticos terminan reproduciendo el mismo equilibrio político. Cambian los nombres en las papeletas, pero las estructuras de poder permanecen intactas
