POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS     

Nos especializamos en refundar instituciones, poblarnos de Comisiones y redundar en las leyes, soslayando abordar los problemas sustantivos; esta vez una nueva iniciativa de reforma constitucional, sin salirse del guion coyuntural, persigue sustituir la Junta Nacional de Justicia por la Escuela Nacional de la Magistratura, presentada por la congresista Gladys Echáiz, que en su momento fue Fiscal de la Nación, conociendo desde sus entrañas nuestro sistema de justicia.

La sistemática corrupción funcional que se ha evidenciado estos días, en cuanto al actuar del Ministerio Público, nada distante de lo acontecido en Julio del 2018, cuando se hizo público el caso “los cuellos blancos del puerto”, en el que se denuncia la corrupción de los operadores de justicia, especialmente de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Y precisamente, a raíz de este último caso, es que se propicia la reforma constitucional, avalada por la ciudadana a través del referéndum, dando surgimiento a la Junta Nacional de Justicia, endosándole nuevas y múltiples responsabilidades, ya no solo nombrar y ratificar cada siete años a jueces y fiscales, sino también cada tres años y medio efectuar una evaluación parcial de desempeño de jueces y fiscales, revisar los nombramientos de los últimos 18 meses del cesado CNM, asumir el acumulado pendiente de los años en que el sistema quedo paralizado y reimpulsar el proceso de nombramientos, lo que no es poca cosa. La nueva Ley Orgánica, fue aprobada por un parlamento con mayoría fujimorista en febrero del 2019, sus siete miembros titulares y siete suplentes, fueron elegidos por una Comisión Especial bajo la presidencia del Defensor del pueblo de entonces Walter Gutiérrez y entre sus integrantes estaban el actual Contralor Nelson Shack y el hoy crítico del sistema, Ernesto Blume, en su condición de presidente del Tribunal Constitucional; dicho esquema de elección, no era el otrora representativo de instituciones sino fue sustituido por un proceso transparente y meritocrático. Walter Gutiérrez, hoy embajador del Gobierno de Dina Boluarte en España, estaba tan convencido de la autonomía de la Comisión Especial que incluso llegó a plantear un proyecto de ley Orgánica, el que finalmente no prosperó.

El personaje de la discordia, es la fiscal Patricia Benavides, nombrada por la Junta Nacional de Justicia, quien no advirtió o fue ligera en las evaluaciones sobre las graves observaciones curriculares; insospechadamente, fue asumiendo protagonismo, mediatizando su gestión, construyendo todo un engranaje de articulaciones políticas, instrumentalizando su institución, para hábilmente establecer una alianza política con el poder político, el Parlamento. El Congreso, empoderado y descontrolado, no perdió la ocasión-inmersos en la crisis política generalizada- para forzar el sometimiento de los llamados órganos autónomos, rompiendo con los rezagos de institucionalidad. Cuando la JNJ expresa aires de independencia, sobreviene el cargamontón para diezmarla y someterla, cometiendo dos “errores garrafales”, pronunciarse por la independencia de los órganos de justicia y aperturar investigaciones a Patricia Benavides.

Los problemas de nuestra administración de justicia, se enfatizan en los proceso de selección y nombramiento de nuestros jueces y fiscales, nuestros jueces y fiscales no están bien formados y capacitados, la corrupción acecha nuestra justicia, no hay independencia y autonomía funcional, unos en menor y otros en mayor grado, claro que lo son; sin embargo, tenemos que ir sobre una respuesta integral, porque los problemas están entrelazados unos a otros, y la priorización de uno posterga a otros, no van a poder avanzar, y una vez más no quedaremos en el intento de siempre.

Cuán importante es ordenarse y trabajar verdaderas políticas de Estado; la propuesta técnica y política, ya existe y si no, revisemos la Ley 30942, que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, integrado por: el Presidente de la República, el Presidente del Congreso de la República, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo; correspondiéndole impulsar la reforma del sistema de justicia y a efecto de ello aprobó la Propuesta de Política de Reforma del Sistema de Justicia, concretizándose con la publicación del Decreto Supremo No. 012-2021-JUS, con los siguientes objetivos prioritarios:

-Impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad en el sistema de justicia.

-Facilitar el acceso a la justicia de todas las personas.

-Modernizar los procesos judiciales no penales.

-Modernizar los procesos penales y el sistema penitenciario.

-Fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia.

-Mejorar el ejercicio y formación para la abogacía.

-Fortalecer las políticas anticorrupción y el control disciplinario y ético.

-Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y

-Fortalecer la predictibilidad de las decisiones judiciales y la adecuada normativa.

El proyecto de reforma constitucional, recién presentado, propone remplazar la JNJ por la Escuela Nacional de la Magistratura que será el “centro superior de alta especialización e investigación académica que se encarga de la selección y formación de los aspirantes a ser jueces o fiscales y de su nombramiento”; el acceso a la Escuela se realizará por “concurso público de oposición y méritos”, con una formación de dos años seguido del ejercicio provisional y supervisado del cargo por el lapso de seis meses. En su órgano de gobierno no intervendrán autoridades o instituciones ajenos a los que administran justicia. Se excluyen las ratificaciones y evaluaciones periódicas, como ya no nombrará al jefe de la ONPE como de la RENIEC.

De los argumentos en que se sustenta esta propuesta, se observa que los integrantes de la actual JNJ “se dedican a la docencia o han ejercido algunos cargos públicos o jurisdiccionales de segundo grado, desconociendo, por tanto, la práctica judicial y fiscal nacional, así como, la real problemática de estas instituciones”, podríamos construir una respuesta a la inversa, si dejamos que los nombramientos los hagan solo los órganos judiciales, pasaríamos por alto la realidad cotidiana de los ciudadanos frente a la insensibilidad de los despachos judiciales.

Señalar que el sistema actual al igual que los anteriores han “fracasado” como modelo de selección, nombramiento, ascenso, ratificación y control disciplinario, resulta osado; no toma en cuenta los problemas estructurales que tenemos como país, y aquí ingresa el factor humano, fundamentalmente la probidad, que es el verdadero problema que debe asumirse. Si consideramos pertinente considerar la obligatoriedad formativa por un periodo prudente, porque permitirá involucrar a los futuros jueces en las peculiaridades de los procesos judiciales, también en la dinámica de nuestra administración de justicia. En buena hora que el tema se coloque en el debate público, así como es importante la salud, la educación, la justicia no es secundaria, la justicia absorbe las esperanzas de los ciudadanos.