POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
La delicada y difícil circunstancia en la que nos encontramos inmersos por efectos de la Pandemia del COVID-19, al igual que en muchos países -incluso los llamados desarrollados- ha puesto en evidencia los limites e ineficacia del Estado, la lentitud y complejidad de sus procedimientos, la rigidez de sus reglas, la falta de inmediatez en la toma de decisiones, la corrupción presente aun en los momentos extremos, son manifestaciones de un aparato estatal que requiere una urgente reforma. Había Estado, pero faltaba Estado.
No puede estar ajena a la imprescindible reforma del Estado, el servicio civil. Ya lo advertía, la ley de eliminación progresiva del CAS, cuando en sus Disposiciones Transitorias ordenaba su implementación, luego de múltiples propuestas truncas en los últimos veinte años.
Esta reforma del servicio civil, que empezó a caminar a través de la Ley No. 30057, validada por el Tribunal Constitucional, nos lleva a un indispensable y oportuno cambio estructural, un único sistema de servicio civil, profesionalización de la administración pública, con un claro objetivo: optimizar los servicio a los ciudadanos, quienes son a los que se debe el Estado. Dos atingencias, la migración de los trabajadores a esta nueva ley, es voluntaria; y el tránsito de las entidades es progresivo.
Nos precedía una cruda realidad: distintos regímenes laborales, cada una con sus propias particularidades; distante del principio meritocrático; excesos y abusos en los contratos temporales; desempeño de funciones similares con remuneraciones marcadamente diferentes; y la consecuencia mayor, una ciudadanía no identificada con su administración pública. Una cifra importante, según SERVIR a mayo del 2019, eran 1´422,000 los servidores públicos, corresponde de ellos aproximadamente el 45% al Gobierno Nacional, que evidencia una administración congestionada. Y el mensaje no es acudir a una labor de depuración o despidos arbitrarios, amargas experiencias tenemos del pasado inmediato, sino de dosificar de mejor forma las 2,600 entidades estatales, racionalizar y transparentar los ingresos, capacitar e involucrar a los servidores.
En un sector, llámese Ministerio, puede haber trabajadores sujetos al régimen laboral CAS, 276, 728, Servicios No personales, FAG, PAC y otros más. Al interior del país, en las Municipalidades, se percibe con frecuencia una sobrecarga laboral, con tres efectos: se dilata el proceso de atención del servicio, las alicaídas planillas sobredimensionadas y se resta eficacia a la atención del ciudadano.
Estas últimas entidades se soportan económicamente en su recaudación, especialmente Predial, pero no es muy alta la incidencia, les ayuda mucho el FONCOMUN que les trasfiere el gobierno central; los otros recursos, como canon Minero, están destinados a proyectos de inversión. Difícil que un Municipio pueda autofinanciarse en su gasto corriente, que son sus planillas, sin el apoyo económico del Gobierno Nacional.
De entonces a la fecha, se han dado importantes avances, aunque lentos; son 501 las entidades en proceso de tránsito al régimen del servicio civil, una de las últimas fue el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que este año inicia su plan de implementación. Se debe enfatizar que, en el contexto del debate electoral, se discute sobre la eficacia del estado liberal, del estado interventor, del estado subsidiario, que puede llevarnos a discusiones dogmáticas e inagotables, siendo necesarias acciones ágiles y eficaces. Tenemos como deber del Estado, fortalecer el servicio civil, darle eficiencia al servicio público.
Un tema relevante, es la alta rotación del recurso humano por criterios políticos o subjetivos. Los lineamientos y políticas de gestión, trascienden lo circunstancial del cargo político y son los servidores quienes le dan continuidad y resultados; si están sometidos a frecuentes cambios, tiene un impacto negativo en la administración, pues los objetivos y cronogramas prestablecidos no alcanzan a cumplirse. Cada quien tiene sus propias perspectivas, sus propios impulsos, sus propias prioridades, es innegable la cuota personal. El servidor civil capacitado, competente, con aptitud y actitud, bien remunerados, sólida solvencia moral, reconocidos en su labor, en la expectativa de ser promovidos, ser parte de una auténtica carrera en la administración pública, que diferentes resultados nos propondrían.
“Un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos”, fue nuestro compromiso como Acuerdo Nacional. El propulsor de ese Estado es el servicio civil, debe estar en las agendas electorales de coyuntura, en la determinación ciudadana responsable, pero, sobre todo, en la voluntad política de quienes tienen que asumir decisiones. Es un problema de fondo, que nos motiva a una posición cuidadosa y sensata.
