POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
¡Impunidad! Sí, esa es la palabra que calza a la perfección con el actuar de quienes rodean a José Domingo Pérez.
El 7 de este mes fue suspendido por 6 meses del ejercicio del cargo de miembro del Equipo Especial Lava Jato por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el abogado Arsenio Oré en contra de este polémico fiscal, por haberle iniciado investigación como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia en el mediático caso denominado “cocteles”, en el que Oré Guardia participaba como letrado de una de las partes, y en esta nueva denuncia el agraviado era el mismo Pérez Gómez; es decir, literalmente era “juez y parte” con un resultado —que felizmente no ocurrió— más que previsible.
Al día siguiente, el controvertido José Domingo pretendió victimizarse aduciendo que no lo dejaban ingresar a la oficina para la entrega de cargo, lo cual no solo era cierto, sino también válido, pues ya se encontraba impedido de tener acceso a información laboral.
Y, a los minutos, uno de sus fervientes defensores, Gustavo Gorriti, el dueño del IDL, criticó ferozmente a Juan Antonio Fernández Jerí, titular de la ANC-MP, invocando un supuesto complot con el abogado Christian Salas como defensor del partido Fuerza Popular, e insinuando ciertos favorecimientos ilegales a su lideresa, Keiko Fujimori. Más aún, Pérez Gómez enfatizó —nuevamente— en la existencia de un audio de este citado contubernio como medio de prueba, aclarando eso sí que no lo escuchó, sino que se lo contaron.
Más tarde, aprovechando los reflectores, tal cual chamán vaticinó que su colega Rafael Vela Barba correría la misma suerte que él; esto es, también sería expectorado del Ministerio Público.
Tres semanas después, apareció en una deslucida marcha dizque contra la corrupción, durante un plantón ciudadano realizado frente a la sede de la Junta Nacional de Justicia, en el distrito limeño de San Isidro, compartiendo varios “selfis” con los manifestantes.
Ante las críticas, los adláteres respondieron que es un ciudadano común con todos sus derechos; sin embargo, la mañana del último jueves advertí —frente a la sede central del Ministerio Público (avenida Abancay, cuadra 5)— a José Domingo fotografiado en la calle por algún descuidado, sorprendiendo ver a su lado a dos hombres de traje negro, evidentemente de seguridad del Estado.
La interrogante fluyó de inmediato: ¿si ya no es funcionario público, por qué sigue teniendo custodia policial? El mismo día he requerido, con documento, esta información al despacho de la Fiscalía de la Nación, confiando en ser atendido en el plazo de ley.
Y si toda esta narrativa no fuese ya preocupante, resulta que Delia Espinoza se le antojó denunciar a Fernández Jerí por usurpación de funciones al impedir la entrega del puesto de Pérez Gómez. ¿Cómo? Sí, amigo lector, hoy por hoy Valenzuela Espinoza es abogada de oficio del castigado José Domingo. Aquellas personas que aún forman parte del entorno de José Domingo Pérez Gómez toman decisiones sin disimulo, y menos con decoro.
