POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS   

Acosados, acorralados, sometidos, sin capacidad alguna de oponerse, reducidos a los que el autoritarismo parlamentario proponga, nuestros órganos constitucionales rectores, soporte de nuestra institucionalidad democrática, sintieron mermada su independencia y autonomía, si por allí se mostraban un atisbo de discrecionalidad funcional, la draconiana acusación constitucional sobrevenía y aún si su instrumentalización fuera débil, aquella caricatura de control constitucional, llamada “Tribunal Constitucional”, ipso facto acudía a corregir los daños.

Una sistemática vulneración de un principio fundamental, innato en un estado constitucional, la separación de poderes, convertida en pan de cada día en la prepotencia y arrogancia de un Congreso, deslegitimado y esmerado en convertirte en un esperpento institucional.

No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo soporte. Las indiscriminadas y agresivas acciones y decisiones parlamentarias, especialmente de estas últimas semanas en el cierre de la legislatura, motivaron una oportuna y necesaria reacción, el pronunciamiento institucional del Ministerio Público, reiteramos institucional, porque no es sólo el Fiscal de la Nación o la Junta de Fiscales Supremos, sino la corporación de Fiscales, quienes asumiendo una posición principista acuden a la defensa de sus fueros por el menoscabo de sus atribuciones materializados en proyectos de ley, pero que permiten ingresar en un terreno hasta ahora espinoso y arriesgado, la defensa de nuestra democracia y nuestro orden constitucional: “las mencionadas propuestas legislativas, colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos”, expresiones elocuentes en un contexto de degradación de nuestras instituciones, surge como voz entusiasta y alentadora para generar al unísono, una posición contestaria contra quienes han confundido sus funciones con libertinaje, cual si fuera “asalto en manada”, devolviendo esperanzas para enrumbar nuestro camino democrático.

Pero, alguna vez, alguien del propio Estado, tenía que plantar cara y confrontar al envalentonado Congreso: “EXIGIR a los integrantes del Congreso de la República, el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, la separación de poderes y la institucionalidad democrática del país”. El reclamo ciudadano, la diminuta oposición parlamentaria, la prensa independiente, los diversos pronunciamientos de entidades privadas u organismos internacionales no hicieron mella alguna en el autoritarismo congresal; un órgano constitucional, como lo es Ministerio Público, asume con osadía y carácter la demanda de respeto a nuestro marco constitucional, lo que debe leerse como un claro mensaje de discordancia y ejercicio de independencia.

Y aún más, establece en dicho pronunciamiento, que en otros tiempos podría leerse como rebeldía, “Convocar a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, que se pretende socavar…”; lo que es una clara manifestación desde el interior del Estado, que su gesta es necesaria pero insuficiente, pues la defensa de nuestra constitucionalidad democrática conmina a una participación general en un ejercicio pleno de ciudadanía, como un deber cívico, de detener esta tenebrosa marcha, que desconoce y transgrede todo síntoma de  racionalidad institucional, sin dimensionar consecuencias y los graves perjuicios democráticos que vienen ocasionando en los que es la construcción sólida de un Estado democrático y social. Más temprano que tarde se exigirán y asumirán sus consecuencias y responsabilidades, pero en tanto, hay una enorme cuota de actuación política, que indistintamente tenemos que asumir.

Y como no podía ser de otra manera, acostumbrados al formato común, desde el Congreso se contestó, con una argumentación con alta carga de ironía: “respeto a la labor parlamentaria en arreglo al principio de separación de poderes. Los congresistas de la república velan por el respeto a la Constitución y las leyes. Exhortamos al Ministerio Público dejar de lado la politización…”. La premisa constitucional dispone que los parlamentarios representan a la nación, y por supuesto que su mandato emerge de la soberana voluntad ciudadana; lo que no impide ingresar a los espacios de la legitimidad, desde la ciencia política, nos deslindan la legitimidad de origen de la legitimidad de ejercicio, su escasa aceptación ciudadana, como nunca antes ocurrió, describen objetivamente en que espacio se ubican. Una garantía de una democracia es la separación de poderes, bajo el resguardo de la lealtad constitucional, que como bien se entiende implica competencias propias, coordinación con otros poderes del Estado y mutuos controles; no hay órgano exento de control de constitucionalidad de sus decisiones y es el parlamento precisamente, quien ha roto con la independencia y autonomía de nuestras instituciones, resultando engañosa y atrevida aquella autodefinición “velan por el respeto a la Constitución”.

Es indiscutible que cualquiera que sea el órgano constitucional de que se trate, está inmerso en la política, porque precisamente emergen de un documento jurídico-político, cual es nuestra Constitución, lo que no pueden hacer es politizar, segar el ejercicio de sus funciones, pues su norte es la sociedad percibida en su conjunto, a quienes debe servir, desde sus responsabilidades competenciales. La ponderación, la auto regulación se convierte en un mandato constitucional, que no otorga licencia alguna, porque sus excesos o contravenciones afectan gravemente nuestro orden constitucional, soporte de una solvente democracia. La voz elevada de una de nuestras instituciones reclamando respeto a nuestra Constitución, es honrar un compromiso institucional con nuestro estado de derecho, que ya quisiéramos se pudiera generalizar, son momentos en que la historia toca sus puertas. El silencio pernicioso y cómplice de ayer, facilitó una década de autoritarismo; esa misma actitud, la de hoy, está generando nuestra propia destrucción democrática o acaso no entendemos nuestra fatiga o desafectación democrática, en que nuestros ciudadanos no encuentran respuestas en el Estado, más si, reacomodos, privilegios y discriminaciones, en perspectiva de un Estado excluyente y distante, que poco o nada hace por sus ciudadanos. Nuestra abstención, es convalidación y es el cimiento para una construcción autoritaria e impositiva. En qué camino nos colocamos, es momento de decisiones.