POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Vladimir Cerrón lleva casi un año prófugo. Para ser más preciso, el 6 de octubre del año pasado, la Sala de Apelaciones de Justicia de Junín ratificó la condena de 3 años y medio de prisión efectiva por el caso denominado aeródromo Wanka. A pesar del tiempo transcurrido y de la intensa búsqueda para dar con su paradero, él sigue como no habido. Más aún, utiliza descaradamente —y casi a diario— las redes sociales, donde incluso aprovechó la realización de un evento partidario para dar un discurso virtual de casi 1 hora.
Las críticas resonaron de inmediato y, como no, la responsabilidad por la no captura del otrora padre político del estólido Pedro Castillo recayó en el gobierno de Dina Boluarte. Asumiendo como válida esa premisa, esta modesta columna de opinión daría por cerrada. Sin embargo, surge la pregunta: ¿está realmente solo en esta frenética escapada del largo brazo de la ley? Obviamente, la respuesta es un no rotundo.
Este arrabalero camina acompañado, más allá de la guardia pretoriana que vela por su seguridad las 24 horas. Entonces, ¿quién o quiénes lo protegen? Parlamentarios afines a su ideología, o, mejor dicho, que permanecen fieles, jurándole lealtad. Una de ellas es Kelly Portalatino. Endemoniadamente sensiblera, confesó tener conversaciones privadas mediante el aplicativo WhatsApp con Cerrón Rojas, amén de sentirse halagada por los “mensajes cumplidores” de este galán cincuentón.
Esta sola declaración auto incriminatoria de la encandilada Portalatino Ávalos, en cualquier sociedad mínimamente civilizada en el respeto al ordenamiento jurídico, hubiera significado su desafuero, además de una seria investigación penal. Pero no, en nuestro país eso no sucede. El Ministerio Público, de la mano del interino Juan Carlos Villena, que suele ser enérgico al imputar presuntos delitos a personajes adversos o incómodos, no actúa igual cuando los sindicados pertenecen a la caviarada o izquierda. Desde luego, para ocultar la manifiesta incompetencia, la propia Fiscalía anunció recientemente que, a través del Poder Judicial, logró la incautación de más de S/ 1.6 millones de las cuentas bancarias del gerifalte de la organización Perú Libre.
En resumen, cierto es que el Ejecutivo debe encontrar a Vladimir Cerrón y ponerlo tras las rejas, pero también lo es que debemos aceptar y, a su vez, exigir la cuota de responsabilidad de aquellos (como la amartelada Kelly) que andan informándole minuto a minuto las acciones que la benemérita Policía Nacional del Perú tomará sobre él.
