El presidente Martín Vizcarra confirmó que el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de ascenso y nombramiento automático en sector salud.

El jefe de Estado advirtió que el Congreso de la República está asumiendo competencias que no le corresponden como en el caso de la norma mencionada ya que implica gasto público.

«Tenemos que ser absolutamente claros, en un sistema democrático tenemos que respetar nuestras competencias, respetos guardan respetos», enfatizó el jefe de Estado.

Reconoció que existen aspectos de los trabajadores del sector salud que deben ser atendidos, los cuales, indicó, están siendo analizados por el Gobierno para tomar acciones dentro del corto y mediano plazo; «pero por favor respetemos las competencias», insistió el mandatario.

Mencionó también que durante las reuniones que sostuvo ayer con representantes del Colegio de Enfermeros y del Colegio de Obstetras, recogió sus demandas, las cuales calificó de justas. Al respecto, indicó, que es consciente que se debe mejorar la gestión pública, sobre todo en el sector salud y educación.

El presidente recordó que una situación similar se presentó con la ley que suspendió el cobro de peajes y que, en ese caso, pese a las advertencias, el Congreso insistió y se impuso.

«Pero finalmente el Tribunal Constitucional (TC) tuvo la palabra que corresponde. Lo propio estamos haciendo ahora», expresó.

El Pleno del Congreso aprobó la ley que regula los ascensos y nombramientos en el sector salud por insistencia el pasado 24 de agosto.

A su turno, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, informó que la demanda inconstitucionalidad contra la referida norma se presentó el pasado lunes por la tarde.

Indicó que la acción expresa de forma clara que la ley aprobada en el Congreso de la República vulnera la Constitución en una serie de artículos.

Asimismo, se señala que a la carrera pública se debe acceder en igual de condiciones, por un tema de méritos, lo cual no es compatible con ascensos automáticos.

De igual forma, indicó Neyra, se deja constancia que el Poder Ejecutivo es el competente para definir el presupuesto público y que los congresistas no tienen iniciativa de gasto.