Los alcaldes de las municipalidades: provincial de Islay, Richard Ale Cruz; distrital de Islay, Irwin Santoyo Chalco; de Mejía, Sosirée Aspilcueta Cáceres y de Deán Valdivia, Fernando Camargo Huayna, solicitaron al gobierno central derogar la ley N° 31876, “Ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional” que fue promulgada recientemente por el Congreso de la República.
Así lo revelaron en un pronunciamiento conjunto emitido en la víspera, tras la publicación de esta ley, que, a decir de los alcaldes, limita la eficiencia y eficacia de las entidades que, utilizando esta modalidad de contratación, generan empleo directo en favor de la población.
Esta norma, según el pronunciamiento, desconoce el criterio de legitimidad del ahorro que se da en una obra ejecutada por administración directa, lo cual permite reducir costos y evitar el pago de utilidades, así como, al no existir vínculo con una empresa contratista, se reducen también, los conflictos y arbitrajes.
Además, con la publicación de la ley N° 31876 se ha vulnerado la autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos locales y regionales, sostienen en el pronunciamiento.
DATOS:
- En el artículo 8°, literal b) establece un límite de 50 UIT (equivalente a 247,500 soles) para la administración directa de una obra.
- En el artículo 10° prohíbe la adquisición, bajo cualquier modalidad, de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra.